đŽ#Importante| MARU CAMPOS Y LA JUSTICIA SELECTIVA DEL DOBLE RASERO
«No hace falta militar en un partido polĂtico para indignarse cuando el peso del Estado parece caer con distinta intensidad segĂșn el destinatario».
đčïžMientras desde el oficialismo se protege a #morenistas señalados por #EEUU por presuntos vĂnculos con el #narcotrĂĄfico, se lanza una embestida judicial y polĂtica contra Maru Campos, con carpetas de investigaciĂłn, juicio polĂtico y acusaciones de âtraiciĂłn a la patriaâ. El contraste es abrumador y exhibe un doble rasero: impunidad para aliados, persecuciĂłn para adversarios; justicia selectiva al servicio del poder. Hoy es ella; mañana puede ser cualquiera.
Por: MarĂa MartĂnez
Ciudad de MĂ©xico, a 30 de Mayo, 2026
Mientras Morena y el oficialismo blindan a morenistas señalados por Estados Unidos por presuntos vĂnculos con el narcotrĂĄfico, despliegan todo el aparato del Estado contra la panista Maru Campos con carpetas de investigaciĂłn, amenazas de juicio polĂtico y acusaciones de âtraiciĂłn a la patriaâ.
El objetivo parece claro: desviar la atenciĂłn del estigma impulsado por el discurso del presidente Donald Trump sobre un supuesto ânarcopartidoâ. Pero el efecto exhibe un doble rasero: se protege a personajes cuestionados mientras se criminaliza a una gobernadora por confrontar al crimen organizado. Una justicia selectiva donde, otra vez, parece imponerse la mĂĄxima: a los amigos, las bondades de la ley; a los adversarios, todo el peso del poder. AsĂ se observa.
No hace falta militar en un partido polĂtico para indignarse cuando el peso del Estado parece caer con distinta intensidad segĂșn el destinatario. Tampoco se necesita simpatizar con un gobierno o con la oposiciĂłn para advertir una señal preocupante: cuando la justicia parece moverse al ritmo de la conveniencia polĂtica, la democracia entra en una zona de riesgo.
La crĂtica aquĂ no es partidista.
Es institucional.
Porque cuando el aparato del Estado parece desplegar velocidades distintas dependiendo del color partidista del investigado, la sospecha de selectividad deja de ser un argumento opositor y comienza a instalarse como una percepciĂłn pĂșblica profundamente corrosiva.
Y esa percepciĂłn importa.
Mucho.
El caso de Maru Campos merece observarse bajo esa lĂłgica.
En semanas recientes, Morena y voces del oficialismo han impulsado una narrativa que acusa a la gobernadora de Chihuahua de presunta âtraiciĂłn a la patriaâ, derivada de la supuesta autorizaciĂłn de participaciĂłn de dos agentes de la CIA en un operativo realizado en la sierra de Chihuahua, donde fue asegurado un presunto narcolaboratorio vinculado al CĂĄrtel de Sinaloa.
La acusaciĂłn es polĂticamente explosiva.
Pero tambiĂ©n jurĂdicamente compleja.
Y precisamente ahĂ comienza el problema.
El 25 de mayo de 2026, Maru Campos recibiĂł una notificaciĂłn formal de no ejercicio de la acciĂłn penal dentro de una carpeta relacionada con el caso del hoy senador morenista Javier Corral, derivada de los hechos ocurridos cuando se intentĂł ejecutar una orden de aprehensiĂłn contra el exgobernador en la Ciudad de MĂ©xico.
JurĂdicamente, aquello parecĂa el cierre de un episodio incĂłmodo.
Pero apenas un dĂa despuĂ©s ocurriĂł algo que, por decir lo menos, obliga a formular preguntas.
La gobernadora recibiĂł un nuevo citatorio, ahora desde el ĂĄmbito federal, para comparecer nuevamente dentro del mismo expediente, esta vez en calidad de imputada.
Al mismo tiempo, fue requerida para rendir declaraciĂłn como testigo dentro de otra investigaciĂłn impulsada por la FiscalĂa General de la RepĂșblica, relacionada con la presunta participaciĂłn de agentes estadounidenses en territorio mexicano y el señalamiento de âtraiciĂłn a la patriaâ promovido polĂticamente desde Morena.
No se trata de un tecnicismo jurĂdico.
Se trata de contexto.
Citatorios.
Narrativas pĂșblicas.
Amenazas de juicio polĂtico.
Acusaciones simultĂĄneas.
Una gobernadora opositora colocada de forma permanente bajo presiĂłn polĂtica, institucional y mediĂĄtica.
Y sĂ, la pregunta incĂłmoda es inevitable:
¿Por qué un expediente en el que ya se notificó un no ejercicio de acción penal vuelve a colocar a la misma persona bajo condición de imputada apenas horas después?
ÂżPor quĂ©, ademĂĄs, la narrativa pĂșblica parece acompañar cada paso ministerial con una intensidad polĂtica difĂcil de ignorar?
El asunto adquiere todavĂa mĂĄs dimensiĂłn cuando se recuerda el episodio del bar-restaurante Gin Gin, en la Ciudad de MĂ©xico.
Aquella noche, cuando agentes ministeriales de Chihuahua intentaban ejecutar una orden de aprehensiĂłn vigente contra Javier Corral, quien apareciĂł personalmente fue Ulises Lara, entonces fiscal capitalino y hoy fiscal especial de asuntos relevantes de la FiscalĂa General de la RepĂșblica.
No era un agente ministerial cualquiera.
Era el fiscal.
El mismo funcionario que intervino personalmente para impedir la detenciĂłn del hoy senador morenista, quien terminĂł protegido polĂticamente por el aparato institucional de la Ciudad de MĂ©xico.
La pregunta no es menor.
¿Por qué el aparato institucional parece reaccionar con una intensidad frente a unos y con otra completamente distinta frente a otros?
Porque el contraste resulta polĂticamente imposible de ignorar.
Mientras a Maru Campos se le coloca en el centro de una narrativa de sospecha que incluye acusaciones tan graves como âtraiciĂłn a la patriaâ, citatorios sucesivos y presiĂłn polĂtica abierta, en Sinaloa y Tabasco la respuesta institucional parece moverse bajo otra lĂłgica: prudencia discursiva, cautela narrativa y tiempos considerablemente menos estridentes frente a señalamientos igualmente delicados en tĂ©rminos de interĂ©s pĂșblico.
El gobernador de Sinaloa, RubĂ©n Rocha Moya, señalado pĂșblicamente por autoridades estadounidenses por presuntos vĂnculos con el narcotrĂĄfico, compareciĂł ante autoridades ministeriales rodeado de protecciĂłn institucional y bajo un discurso cuidadosamente administrado: no hay ficha roja, continĂșan investigaciones, no hay conclusiones.
El senador Enrique Inzunza acudiĂł a instalaciones de la FiscalĂa General de la RepĂșblica en CuliacĂĄn bajo esquemas reforzados de seguridad institucional.
Y luego estĂĄ Tabasco.
La detenciĂłn de HernĂĄn BermĂșdez, exsecretario de Seguridad PĂșblica durante el gobierno de AdĂĄn Augusto LĂłpez, provocĂł cuestionamientos inevitables sobre responsabilidades polĂticas y cadenas de mando. Pero el hoy senador morenista no ha sido sometido al mismo nivel de presiĂłn polĂtica, narrativa ni institucional.
No se trata de absolver a nadie.
Tampoco de pedir impunidad.
Todo funcionario pĂșblico debe responder ante la ley.
La discusiĂłn de fondo es otra.
¿Por qué la ley parece ejercerse con distinta intensidad?
ÂżPor quĂ© algunos actores polĂticos enfrentan citatorios, presiĂłn mediĂĄtica, juicios polĂticos y narrativas de criminalizaciĂłn simultĂĄneas, mientras otros, señalados en investigaciones de enorme gravedad, parecen transitar diligencias bajo un discurso institucional de cautela, comprensiĂłn y prudencia?
La justicia no puede operar bajo la lĂłgica de la conveniencia polĂtica.
Porque cuando el poder parece endurecerse frente a adversarios y administrarse con mĂĄs mesura frente a aliados, lo que se erosiona no es Ășnicamente la confianza en una fiscalĂa.
Se erosiona la credibilidad del Estado.
Y ahĂ aparece el problema democrĂĄtico.
Porque quizĂĄ el riesgo mĂĄs grave no es solamente la impunidad.
Es la sospecha persistente de que la ley parece aplicada con distinto rigor segĂșn el nombre, el partido polĂtico y la cercanĂa con el poder.
Cuando eso ocurre, la justicia deja de parecer un principio.
Y empieza a parecer un instrumento polĂtico.
Porque una democracia no solo se erosiona cuando la justicia se corrompe.
También se erosiona cuando deja de ser imparcial.
