🟥#Indignante||GANA ELECCIÓN COMO JUEZ… PERO ESTÁ EN PRISIÓN POR ABUSO SEXUAL
🔹️Sólo un botón de muestra del terrible desaseo en la elección judicial
🔹️Organizaciones exigen al INE frenar su ratificación y alertan sobre el mensaje de impunidad que esto representaría para las víctimas
Por: María Martínez
Ciudad de México, a 20 de Jujio, 2025
Héctor Ulises Orduña Hernández obtuvo más de 40 mil votos en la reciente elección judicial para ser designado Juez de Distrito en Veracruz. Sin embargo, enfrenta un proceso penal y permanece en prisión desde abril, acusado de abuso sexual en contra de una adolescente.
La situación ha encendido las alertas entre organizaciones defensoras de los derechos de la infancia. En un comunicado conjunto, Alumbra, Reinserta, Te Protejo, Freedom, Guardianes, Conciencia, World Vision y ChildFund México expresaron su “profunda preocupación” por la posibilidad de que Orduña Hernández sea ratificado en el cargo, pese a las graves acusaciones en su contra.
De acuerdo con la información disponible, el juez electo fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de violencia sexual contra su sobrina, a quien habría sometido a tocamientos lascivos y obligado a observar un video de contenido sexual explícito. También se le vincula, en Estados Unidos, con posesión de material de abuso sexual infantil.
Las organizaciones exigieron al Instituto Nacional Electoral (INE), al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía General del Estado de Veracruz abstenerse de entregar constancia de mayoría o ratificar a Orduña Hernández, al considerar que hacerlo enviaría un mensaje devastador: que incluso quienes enfrentan acusaciones por delitos sexuales contra menores pueden ocupar cargos de poder en el sistema de justicia mexicano.
“La ratificación de una persona bajo investigación por violencia sexual sería una señal gravísima de tolerancia institucional hacia la impunidad”, advirtieron. “El sistema judicial perdería credibilidad ante las víctimas, y se violentaría el principio del interés superior de la niñez”.
Aunque reconocieron la presunción de inocencia como un derecho fundamental, puntualizaron que esta debe ser compatible con la obligación del Estado de actuar con la máxima diligencia cuando se trata de proteger a niñas, niños y adolescentes.
Finalmente, llamaron a la sociedad civil, medios de comunicación y defensores de derechos humanos a exigir un sistema de justicia libre de perfiles cuestionados, ético, transparente y verdaderamente comprometido con la protección de las infancias.
“La confianza pública en la justicia está en juego”, concluyeron.
