🔹️Mientras delincuentes actuan con total impunidad, policías municipales de Aguascalientes, con la complicidad de un director incapaz violan derechos humanos de menor con discapacidad y criminalizan a maestra que cumplía con su deber de proteger al estudiantes.

🔹️¿Qué hará el IEA y Leonardo Montañez,ante éste deplorable hecho?

Por: María Martínez
Aguascalientes,Ags.a 20 de Sep.2025

Cuando la autoridad se equivoca de enemigo

La detención de la profesora Isaura Sánchez Luna, en la Secundaria General número 18 de Aguascalientes, no es un simple incidente escolar. Es un caso que desnuda el abuso de poder, la falta de protocolos en las instituciones educativas y, sobre todo, la manera en que el Estado criminaliza a quienes cumplen con su deber: proteger a los estudiantes.

Mientras delincuentes recorren las calles con total impunidad, la policía municipal decidió emplear la fuerza contra un menor con discapacidad y contra una maestra que lo defendía. El contraste es tan doloroso como revelador.

Un protocolo ignorado, una autoridad incompetente

El detonante de todo fue la decisión del director del plantel de llamar a la policía para atender una riña escolar, desconociendo que en estos casos el procedimiento es esperar a los padres y mediar entre ellos. La incompetencia del directivo terminó abriendo la puerta al abuso: policías que esposaron a un menor, lo llamaron “delincuente” y lo trataron como si fuera un criminal armado.

Lejos de contener la situación, los elementos municipales violaron el interés superior de la niñez, principio constitucional que obliga al Estado a garantizar protección y dignidad a las y los menores de edad, más aún en condición de discapacidad.

Una maestra en el banquillo

Lo que debería ser motivo de reconocimiento —una docente que interviene para proteger a un alumno vulnerable— terminó en una detención arbitraria. Esposada, humillada y llevada como delincuente, la maestra Isaura no solo fue víctima de violencia institucional, sino también de una criminalización que mancha su trayectoria profesional.

La exigencia de dinero para “evitar antecedentes penales” suma otro elemento de sospecha: la corrupción. El caso no puede reducirse a un malentendido; se trata de un abuso de poder con consecuencias personales y profesionales para una servidora pública con más de 15 años de experiencia.

¿A quién protege la autoridad?

Este episodio obliga a preguntarnos: ¿qué papel juega la policía municipal en Aguascalientes? ¿Son garantes de la seguridad ciudadana o agentes de represión contra quienes resultan más vulnerables? Porque mientras se utilizan esposas contra un menor en crisis y contra su maestra, los verdaderos delincuentes siguen recorriendo las calles sin que nadie los detenga.

Lo que está en juego

El caso de Isaura Sánchez Luna no es aislado. Refleja un patrón de abuso en el que las instituciones, en lugar de garantizar derechos, los violentan. Hoy fue una maestra; mañana podría ser cualquier ciudadano que se atreva a cuestionar a la autoridad.

Este hecho es una afrenta no solo contra una docente y un estudiante, sino contra toda la sociedad. El director que cedió sus responsabilidades y los policías que abusaron de su poder deben rendir cuentas. No se puede permitir que la escuela, espacio que debe ser refugio y aprendizaje, se convierta en escenario de humillación y violencia.

Si la policía y los directores convierten a los inocentes en delincuentes, entonces, ¿quién nos protege de quienes deberían cuidarnos?
¿Qué justificación darán el IEA y Leonardo Montañez,ante este deplorable hecho?

Aguascalientes #Violencia #SSPM