🔴#Impunidad | PERIODIAMO BAJO AMENAZA: ASI SE USA LA LEY PARA CALLAR VOCES INCOMODAS EN NUEVO LEÓN
🔹️El caso de la periodista Ximena Peredo revela cómo en Nuevo León aún se utilizan delitos contra el honor para perseguir el periodismo crítico.
Por: Redacción
Ciudad de México, 1 de mayo de 2025
Siete estados del país mantienen figuras jurídicas que penalizan la libertad de expresión bajo la figura de “delitos contra el honor”, una omisión que permite el uso de demandas para intimidar a periodistas y activistas.
Uno de los casos más representativos es el de Ximena Peredo, excolumnista del periódico El Norte, quien enfrenta un proceso judicial promovido por el escritor y exprofesor Felipe Montes, señalado públicamente por presunto acoso sexual.
En 2018, Peredo escribió una columna sobre el movimiento estudiantil que denunció casos de violencia de género en universidades. Mencionó a Felipe Montes, cuyo nombre apareció en el blog #AcosoenlaU, un espacio de denuncia anónimo surgido en 2017 en el marco del movimiento Me Too.
Cinco años después, en 2023, Montes presentó una demanda por difamación, alegando que la publicación afectó su salud física y mental. Exigió 20 millones de pesos como compensación. “Me exigió 20 millones para subsanar sus quebrantos mentales, físicos, materiales, espirituales, familiares y hasta dermatológicos”, escribió Peredo en una publicación para Verificado.
Aunque otros medios locales también documentaron los señalamientos contra Montes, como El Norte con su reportaje «Te hacía dependiente de él» y la editorial de Cordelia Rizzo «Mi historia con Felipe Montes», publicada en Verificado, la única demandada fue Ximena Peredo.
El antecedente universitario
Tras las denuncias en redes sociales, el Tecnológico de Monterrey emitió un comunicado en noviembre de 2017 confirmando que Felipe Montes dejó de prestar servicios a la institución. Aunque no se le nombró directamente, el contexto apuntaba a su separación por los señalamientos de acoso.
Montes, por su parte, publicó un video y un texto donde rechazó las acusaciones.
Una sentencia que revierte la absolución
En febrero de 2024, un juez dictó sentencia absolutoria para Peredo, al no encontrar elementos suficientes para acreditar calumnia. Además, ordenó a Montes cubrir los gastos del juicio. Sin embargo, en abril de 2025, tras una apelación, un magistrado revocó la decisión inicial y determinó que Peredo debe cubrir el costo de las terapias psicológicas de Montes, así como su traslado al centro de atención. La resolución no especifica el monto ni la duración del tratamiento.
Este fallo reavivó el debate sobre la vigencia de los llamados “delitos contra el honor” en Nuevo León, donde el artículo 235 del Código Penal aún contempla la calumnia como delito punible, a pesar de que la mayoría de los estados ya han derogado estas figuras tras la reforma federal de 2007.
Periodismo en riesgo
“Este es un golpe al periodismo crítico, sin duda”, declaró Peredo. “Castigar la libertad de opinión vulnera el derecho a revisar casos polémicos, complicados, sobre derechos humanos, de esos que hoy más que nunca deben estar en la mesa. Las y los periodistas deben ser una luz, una reserva moral”.
En entrevista, señaló que la permanencia de estos delitos ha reducido el número de periodistas que se atreven a ejercer un periodismo crítico en el estado.
Reformas detenidas y omisiones preocupantes
El 11 de noviembre de 2024, organizaciones como Propuesta Cívica, la Red de Periodistas del Noreste y el Colegio de Comunicación de Nuevo León presentaron al Congreso local tres iniciativas para eliminar estos delitos del marco legal. A la fecha, ninguna ha sido aprobada.
Una solicitud controvertida ante el INAI
En 2021, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) reveló que Felipe Montes solicitó al INAI acceso a todos los contenidos, investigaciones y testimonios vinculados a su nombre y a las denuncias en su contra, incluyendo los publicados por el blog AcosoenlaU.
Aunque el blog no es sujeto obligado ante la ley de transparencia, el INAI dictó que actuó con negligencia al no responder, decisión que fue criticada por organizaciones civiles.
“Resulta alarmante que el Instituto no haya valorado el contexto en el que Montes utiliza, de forma maliciosa, el derecho a la protección de datos personales”, denunció R3D. “Su solicitud pretende amedrentar a las mujeres que integran Acoso en la U, lo que constituye una forma de acoso jurídico y de victimización secundaria”.
