🔴#CDS | #CÁRTEL DE #SINALOA Y EL PODER POLÍTICO: LA IMPUNIDAD SOSTENIDA DESDE EL PODER.
🔹️Operativos fallidos, fugas constantes y presuntos sobornos millonarios delinean un patrón que rebasa la simple incapacidad. Mientras el discurso oficial insiste en el combate al narcotráfico, los hechos revelan otra realidad: el Cártel de Sinaloa opera, se protege y sobrevive bajo la sombra del poder político. Las acusaciones de #EEUU contra actores vinculados a #Morena refuerzan esa evidencia.
Por: María Martínez
Ciudad de México, a 2 de Mayo, 2026
EL CÁRTEL QUE NADIE QUIERE DERRIBAR
Hay una verdad incómoda que se repite, nota tras nota, en Péndulo Informativo: el Cártel de Sinaloa no está cayendo. Y no está cayendo porque, en los hechos, nadie lo está derribando.
Mientras el gobierno mexicano y autoridades de Estados Unidos anuncian golpes “contundentes”, la realidad exhibe otra cosa: un aparato criminal que sigue operando con precisión, que evade operativos, que mantiene control territorial y que, en muchos casos, parece anticipar los movimientos de las propias autoridades.
Ahí están los datos.
Laboratorios clandestinos desmantelados en Chihuahua, con infraestructura industrial —hornos, contenedores, capacidad para decenas de operadores— vinculados al Cártel de Sinaloa. Resultado: decomisos espectaculares… pero sin detenidos relevantes. Los responsables huyeron antes de la llegada de las autoridades. Otra vez. Siempre antes.
No es un hecho aislado. Es un patrón.
En Culiacán, el operativo para capturar a “Poncho Limón”, presunto operador de la facción de Ismael “El Mayo” Zambada, terminó en un escándalo: la detención de Mónica Zambada —y su posterior liberación— exhibió no solo fallas tácticas, sino un nivel de descoordinación que resulta insostenible.
El reciente operativo fallido para detener a Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, repitió la misma historia: el objetivo no aparece. Escapa. O lo dejan escapar.
LOS CHAPITOS: OPERACIÓN, PROTECCIÓN Y FUGAS
Una figura clave en esta estructura es Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán y uno de los líderes de la facción conocida como “Los Chapitos”.
El 19 de febrero de 2025 logró escapar de un operativo sorpresa en Culiacán. En ese despliegue fueron detenidos algunos de sus hombres de confianza: José Ángel Canabrio Inzunza, «El Guerito » Erick Bastidas —también conocido como “Erky Bastidas”— y Kevin Alonso Gil Acosta, identificado como su jefe de seguridad.
Sin embargo, el Chapito volvió a evadir el cerco.
El contexto agrava aún más el caso. De acuerdo con los señalamientos retomados por Péndulo Informativo, por la liberación previa de “El Guerito”, en enero de 2025, se habría pagado un soborno de 10 millones de dólares a mandos de la Guardia Nacional en Sinaloa.
Semanas después, en febrero, “El Guerito” se encontraba nuevamente junto a Iván Archivaldo Guzmán Salazar en una finca ubicada en la colonia Las Quintas, en Culiacán. El inmueble no era una casa cualquiera: estaba siendo acondicionado como un centro de comunicaciones con tecnología de cifrado de alto nivel de procedencia Rusa.
Ahí se desplegó un nuevo operativo con helicópteros, tropas del Ejército y la Guardia Nacional. Versiones refieren incluso la participación de agencias internacionales.
El resultado fue el mismo.
Iván Archivaldo volvió a escapar.
A pesar del cerco, utilizó túneles subterráneos que lo condujeron a una zona montañosa. Durante el operativo se registró un enfrentamiento en el que murió un elemento militar.
La versión oficial, sin embargo, señaló que el objetivo era “El Guerito”.
No el líder, El Chapito
José Ángel Canabrio Inzunza, días después fue extraditado a los Estados Unidos, ahí, sí, se atendió de inmediato la solicitud de extradición los estadounidenses.
EL DILEMA DEL PODER
La presidenta Claudia Sheinbaum, hasta hace unos días, contaba con niveles de aprobación superiores al 70%, consolidando un amplio respaldo ciudadano. Sin embargo, tras la crisis política que enfrenta con el gobierno de Estados Unidos —a partir de la solicitud de captura y extradición del gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios vinculados a Morena— se encuentra ante un dilema de fondo.
Gobernar para los más de 130 millones de mexicanos o responder a los intereses de los 35 millones que la llevaron al poder.
En los hechos, su discurso cotidiano desde Palacio Nacional apunta a la defensa del proyecto de la llamada Cuarta Transformación. La narrativa es clara: proteger el movimiento. Pero no se trata solo de palabras.
Las decisiones también hablan.
Casos como los de los morenistas Rubén Rocha Moya, Adán Augusto López Hernández, el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, entre otros, reflejan una lógica política donde la exoneración pública sustituye a la investigación.
Basta una frase: “no hay pruebas”.
Y con eso, se traza la línea.
Unos piden licencia. Otro deja la coordinación en el Senado. Otro huye. Pero todos permanecen bajo la protección del poder.
Bajo esa sombra, nadie los toca.
Mientras tanto, desde Morena se intenta desviar la atención hacia la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, a quien se busca someter a presión política bajo el argumento de una supuesta violación a la soberanía nacional. Una narrativa que, frente a los señalamientos de protección al crimen organizado, resulta desproporcionada.
El dilema es inevitable.
La presidenta tendrá que decidir de qué lado está su gobierno: si en la continuidad política de su movimiento o en la seguridad y la justicia de todos los mexicanos.
Porque, aunque los esfuerzos del gabinete de seguridad —incluido el trabajo de Omar García Harfuch, la Marina y las Fuerzas Armadas— han generado resultados, estos encuentran un límite claro cuando se enfrentan al poder político que protege, tolera o encubre.
UN PODER QUE NO CAE
El problema ya no es solo de seguridad. Es político. Es estructural.
El Cártel de Sinaloa no solo ha dominado la agenda de seguridad. Ha penetrado la política y hoy impacta la percepción internacional de México.
Y, en ese contexto, la narrativa que insiste en colocar a Genaro García Luna como el gran símbolo de corrupción ya no alcanza. Ha sido superada por una estructura más amplia, más vigente.
Una estructura que no pertenece al pasado.
Sino al presente.
El Cártel de Sinaloa —ese que sobrevive a operativos, a capturas, a gobiernos— sigue ahí.
Más fuerte de lo que se reconoce.
Y su poder, hasta ahora, no muestra límites claros.
La conclusión es inevitable:
No es que no puedan derribarlo.
Es que no lo están derribando.
