🔹️»Ejercer el periodismo siendo mujer en México implica miedo, resistencia y dignidad frente al poder».

María Martínez

“El poder le apuesta al silencio; pero el silencio es complicidad. Yo elegí incomodar.”

Podrán sacudir mis ramas, pero no arrancar mis convicciones.
No van a quebrar lo que decidí ser.

Así ejerzo el periodismo.

Por: María Martínez
Ciudad de México, a 3 de Mayo, 2026

«Ejercer el periodismo siendo mujer en México implica miedo, resistencia y dignidad frente al poder».

En el marco del Día de la Libertad de Prensa, el discurso oficial vuelve a vestirse de conmemoración, pero la realidad se impone con crudeza: en México, ejercer el periodismo —siendo mujer— sigue siendo un acto de riesgo cotidiano.

El informe anual 2025 “Entre el discurso y la desprotección”, elaborado por Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), no deja lugar a interpretaciones complacientes. Desnuda un país donde la violencia contra mujeres periodistas no solo persiste, sino que se profundiza bajo la mirada indiferente —cuando no cómplice— del poder.

La contradicción es brutal: México, gobernado hoy por una mujer, se mantiene como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Más grave aún, el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo registra 338 agresiones contra mujeres periodistas, una cifra récord e inaceptable que rebasa ampliamente las 154 documentadas durante el mismo periodo del sexenio anterior.

El eslogan de “llegamos todas” se desmorona frente a los hechos. Porque no, no todas llegamos. Y claramente, las mujeres periodistas no formamos parte de esa élite protegida desde el poder.

Ejercer el periodismo en México implica hoy sobrevivir al miedo. Cada línea publicada, cada investigación, se construye no solo desde el rigor informativo, sino desde la conciencia de que decir la verdad puede tener consecuencias. El deber de informar, de incomodar al poder y de incidir en la agenda pública se enfrenta a un entorno hostil que castiga precisamente esa función esencial en cualquier democracia.

Los hallazgos de CIMAC son contundentes: 2025 se posiciona como el año más violento para las mujeres periodistas. Y esto no es casualidad. La organización advierte que las estructuras que sostienen esta violencia permanecen intactas. No se han modificado de fondo. No se han desmontado.

El diagnóstico es demoledor:

“Aunque el contexto político actual se presenta como un ‘tiempo de mujeres’, los datos evidencian que la presencia femenina en los más altos cargos no se ha traducido en condiciones reales de libertad de expresión, seguridad, acceso a la justicia ni garantía de derechos humanos para las periodistas”.

Durante más de 18 años, CIMAC ha documentado esta violencia a través de su Programa de Libertad de Expresión y Género (PLEG). Su metodología, basada en el Acompañamiento Integral Feminista, pone en el centro el cuidado colectivo, la autonomía y la defensa del derecho a informar. Y lo que revela es incómodo: la violencia contra mujeres periodistas es estructural, sostenida por desigualdades profundas y por una asimetría de poder que el Estado ha sido incapaz —o renuente— a desmontar.

Las cifras lo confirman. La Ciudad de México concentra el 18.93% de los casos, seguida de Coahuila (11.24%), Guerrero (10.06%), Puebla (9.17%) y Baja California (7.4%). Pero esto no significa que la capital sea la más peligrosa, sino que se ha convertido en refugio para periodistas desplazadas por la violencia en otras entidades.

En ese mapa de agresiones, Aguascalientes ocupa el lugar número 13 a nivel nacional, con el 3.85% de los casos registrados, lo que confirma que la violencia contra mujeres periodistas no es un fenómeno aislado ni regional, sino extendido y normalizado en prácticamente todo el país.

Las agresiones tienen múltiples rostros: amenazas (14.79%), descrédito y estigmatización (13.91%), intimidación (10.36%), hostigamiento (9.47%) y campañas de desprestigio (8.88%). En los casos más extremos, la violencia escala a detenciones arbitrarias, agresiones sexuales, privaciones ilegales de la libertad, feminicidios y atentados.

El perfil de las víctimas también dibuja un patrón claro: directoras (41.12%) y reporteras (38.46%) encabezan la lista. La mayoría trabaja en medios digitales (68.93%) y cubre fuentes sensibles como política, derechos humanos, seguridad y sociedad. Es decir, informar sobre el poder sigue siendo una actividad de alto riesgo.

Pero el dato más inquietante apunta a los agresores: funcionarios estatales (19.53%) y municipales (12.72%) encabezan la lista. La violencia no solo proviene del crimen o de actores externos, sino de las propias estructuras institucionales que deberían garantizar protección.

Cada agresión documentada no es un número: es una voz que se intentó silenciar.

Y frente a la omisión del Estado, las mujeres periodistas han hecho lo que históricamente han hecho: organizarse, protegerse y acompañarse entre sí. En México, hoy, la libertad de prensa no la garantiza el Estado. La sostienen mujeres periodistas comprometidas con el ejercicio libre de informar.

El Estado sí creó un instrumento: el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, fundado en 2012. Ha brindado medidas de seguridad a algunos casos, pero sus límites son evidentes: presupuesto insuficiente, falta de personal especializado, evaluaciones de riesgo deficientes y una rotación constante de directivos que impide su consolidación.

Su lógica excluye a muchas. Solo protege a quienes logran acreditar un riesgo “inminente”, dejando fuera a periodistas —especialmente mujeres— cuyas realidades no encajan en criterios burocráticos alejados del contexto.

En ese vacío, la sociedad civil ha tomado el relevo. CIMAC, Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19 y Propuesta Cívica se han convertido en actores clave en la defensa de la libertad de expresión.

Pero más allá de las organizaciones, hay una red que sostiene todo: las propias periodistas.

De ahí nace la Red Nacional de Periodistas: un espacio vivo de articulación política feminista, horizontal y autónomo, construido desde la solidaridad, la sororidad y el acompañamiento colectivo. Una respuesta directa a la ausencia del Estado.

Porque cuando el poder falla, las periodistas se cuidan entre sí.

Particularmente, CIMAC ha sido pionera en esta lucha. Su trabajo no solo documenta agresiones: acompaña, defiende y protege. Brinda apoyo legal, psicoemocional, capacitación, vinculación y visibilización. En los hechos, realiza funciones que el Estado mexicano ha abandonado.

A esta violencia se suma un mecanismo particularmente perverso: el acoso judicial. Durante 2025 se documentaron 16 casos donde el sistema legal fue utilizado para castigar el ejercicio periodístico. Demandas por daño moral, sanciones económicas, eliminación de contenidos y disculpas forzadas se convierten en herramientas de censura.

El mensaje es claro: investigar al poder tiene consecuencias.

Peor aún, figuras legales como la violencia política de género están siendo utilizadas para perseguir periodistas. De las 494 personas registradas en este rubro, 84 pertenecen al ámbito mediático, incluidas 11 mujeres.

Se trata de una distorsión grave: el uso de la ley para silenciar.

El informe es contundente: la violencia contra mujeres periodistas no solo continúa, evoluciona. Hoy combina agresiones físicas con campañas digitales, estigmatización desde el poder y el uso del aparato judicial como mecanismo de intimidación.

La censura ya no siempre dispara. También firma.

Y mientras tanto, el Estado sigue ausente.

Porque en México, la libertad de prensa para las mujeres no se garantiza desde el poder: se defiende, se construye y se resiste entre ellas.

Y en medio de esta realidad, lo tengo claro:

“Nadie te recordará por tus pensamientos secretos.”

A veces los vientos podrán mover mis ramas, pero mis raíces son tan fuertes que resisten tempestades.

Así soy yo en el periodismo.

LibertadePrensa #México #Cimac