🔹️Récord histórico de agresiones contra mujeres periodistas en el primer año de la presidenta Sheinbaum: 338 ataques documentados en 2025. El informe revela violencia estructural, participación de funcionarios públicos y una creciente brecha entre el discurso de igualdad y los hechos.

🔹️Contradicciones entre el discurso feminista con la realidad: denuncian participantes en informe.

Por: Redacción/ Péndulo Informativo
Ciudad de México, a 4 de Marzo,2025

El informe anual de la organización pionera en la defensa de derechos de mujeres periodistas, Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) registró 338 agresiones contra mujeres periodistas entre enero y diciembre de 2025, el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. La cifra supera los niveles documentados en 2020 y durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Durante la presentación del Informe Anual 2025, este lunes 3 en la Ciudad de México, el Programa de Libertad de Expresión y Género (PLEG) de CIMAC informó que las 338 agresiones constituyen el registro más alto para un periodo similar. El promedio equivale a una agresión cada 26 horas.

Récord histórico en el primer año de gobierno, afirmó su Directora General.

Mayra Lucía Sánchez Mora, explicó que la violencia se concentra en coberturas relacionadas con política, corrupción, fiscalización del poder y narcotráfico, lo que evidencia una disputa por el control de la información y por los límites de lo que las mujeres pueden decir en el espacio público.

Subrayó que la violencia contra mujeres periodistas no es un fenómeno aislado ni homogéneo, sino estructural, atravesado por desigualdades de género y relaciones históricas de poder que buscan deslegitimar su voz.

El informe no sólo documenta agresiones, también identifica patrones, responsabilidades y omisiones estatales, y confronta narrativas que —advirtieron las participantes— tienden a minimizar o normalizar la violencia. Expresó la responsable del PLEG.

Funcionarios públicos, entre los principales agresores

Los datos revelan que los principales perpetradores fueron funcionarios estatales (19.53%) y municipales (12.72%), además de civiles (11.83%), otros periodistas (8.58%) y medios de comunicación (7.1%).

Entre las agresiones más frecuentes se encuentran amenazas (14.79%), descrédito y estigmatización (13.91%), intimidación (10.36%), hostigamiento (9.47%) y campañas de desprestigio (8.88%).

En los casos más graves se documentaron detenciones arbitrarias, privaciones ilegales de la libertad, agresiones sexuales, atentados y feminicidios.

La Ciudad de México concentró el 18.93% de los casos, seguida de Coahuila, Guerrero, Puebla y Baja California. Sánchez Mora explicó que la concentración en la capital responde, en parte, a que es un espacio de acogida para periodistas desplazadas internamente por razones de seguridad.

Brecha entre narrativa y realidad

Cirenia Celestino Ortega, directora de CIMAC, sostuvo que existe una contradicción profunda entre la narrativa oficial que coloca a las mujeres en el centro y las cifras documentadas.

Mientras el discurso gubernamental reivindica igualdad y derechos, el primer año del actual sexenio registra el nivel más alto de agresiones contra mujeres periodistas.

El informe concluye que la violencia no es circunstancial, sino estructural, y que el incremento documentado en 2025 evidencia una brecha alarmante entre el discurso político y las condiciones reales en que se ejerce el periodismo en México.

“El objetivo es silenciarnos”

Durante la presentación, la periodista María del Refugio Martínez Guardado, directora de Péndulo Informativo, expuso la dimensión humana detrás de las cifras y denunció el impacto directo del hostigamiento judicial.

Describió un contexto de acoso judicial, digital y físico constante que implica desgaste emocional, afectaciones a la salud y costos económicos que obstaculizan el ejercicio profesional.

“Mes con mes tengo que acudir a juzgados por delitos que no he cometido. El objetivo es claro: silenciarme y coartar el derecho de la sociedad a estar informada”, afirmó.

Explicó que los procesos judiciales recurrentes la obligan a destinar tiempo y recursos a su defensa legal frente a instituciones del propio Estado, energía que debería estar enfocada en investigar y publicar información de interés público.

También cuestionó la tipificación de amenazas provenientes de servidores públicos o del crimen organizado como delitos menores, así como la falta de voluntad del Estado mexicano para fortalecer los mecanismos de protección, incluida la reclasificación de los delitos cometidos contra periodistas.

Señaló que muchas reformas legales en materia de violencia política en razón de género surgen únicamente después de hechos extremos. “¿Por qué esperar a que la agresión escale? ¿Por qué no reconocer con claridad que el ejercicio periodístico también incide en la vida política y, por lo tanto, merece protección efectiva?”, planteó.

Advirtió que el hostigamiento judicial no sólo afecta a una persona, sino que vulnera el derecho colectivo a la información y envía un mensaje intimidatorio al gremio.

“Hablar de un gobierno feminista mientras existen zonas de silencio es una contradicción”, sostuvo.

Subrayó que la ausencia de datos no significa ausencia de violencia, sino miedo a denunciar. Las periodistas que alzan la voz, indicó, pueden ser criminalizadas o estigmatizadas, incluso dentro del propio gremio.

Agradeció a CIMAC el acompañamiento recibido durante cuatro años, que le permitió recuperar su capacidad para continuar con su labor y enfrentar los riesgos y retos que implica ser periodista en México.

“La verdad genera impacto, pero también genera represalias”, concluyó.

Impacto directo en la democracia

La académica y documentalista Yennué Zárate Valderrama afirmó que la violencia contra mujeres periodistas no sólo vulnera derechos individuales, sino también el derecho colectivo a la información.

Intentar silenciar mediante amenazas o estigmatización afecta directamente la calidad democrática, señaló.

Calificó el informe como un diagnóstico que permite medir el pulso del país desde una perspectiva feminista y advirtió que las periodistas enfrentan una triple amenaza: por su género, por su labor y por las deficiencias en la respuesta estatal.

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