La urgencia de respuestas colectivas frente a los órdenes de terror en Zacatecas
La postura del gobernador de Zacatecas, además de evadir su responsabilidad como mandatario, muestra gran insensibilidad ante la grave crisis que atraviesa el estado. Creemos que esta coyuntura es pertinente para reflexionar sobre los muchos retos que tenemos como sociedad en general, y como universitarios/as en particular, frente a la dramática situación de violencia que vivimos en Zacatecas.
Zacatecas, 07 de septiembre de 2022
Por: JAIRO LÓPEZ • MALELY LINARES
El último fin de semana de agosto presenciamos en Zacatecas verdaderas escenas de terror. Las principales carreteras del estado amanecieron bloqueadas por camiones incendiados y tachuelas que ponchaban las llantas de los autos que por éstas circulaban. Pudimos observar las imágenes gracias al valiente trabajo de unos cuantos periodistas que documentaron lo que de manera inmediata se volvió una noticia viral en todo México. Como respuesta, el lunes después de los hechos diversas instituciones de educación, entre ellas la Universidad Autónoma de Zacatecas, decidieron suspender las clases presenciales y pasar al formato virtual por un día, buscando proteger a su población estudiantil y trabajadora. Esta medida no fue bien recibida por el gobernador del estado, David Monreal, quien en una declaración pública cuestionó por qué se había tomado esa decisión dado que supuestamente existían garantías de seguridad. La postura del gobernador de Zacatecas, además de evadir su responsabilidad como mandatario, muestra gran insensibilidad ante la grave crisis que atraviesa el estado. Creemos que esta coyuntura es pertinente para reflexionar sobre los muchos retos que tenemos como sociedad en general, y como universitarios/as en particular, frente a la dramática situación de violencia que vivimos en Zacatecas.
De entrada, hay que aceptar que cuando las autoridades de Zacatecas señalan que “el problema de la seguridad” es una herencia de gobiernos anteriores no faltan totalmente a la verdad. El estado vivió un aumento dramático de las violencias durante el gobierno de Alejandro Tello (2016-2021), agudizado desde el 2020. Según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Zacatecas tuvo un crecimiento constante de homicidios dolosos, pasando de 286 en el 2015 a 1065 en el 2020 y 1167 en el 2021. Para el año 2021 tuvo una tasa de 58.4 homicidios por cada 100 mil habitantes, superando la media nacional de 37. Por su parte, organizaciones de víctimas como “Familias Unidas en Busca de Esperanza”, “Zacatecanos y Zacatecanas por la Paz”, y “Amor, Esperanza y Lucha”, han denunciado que en Zacatecas la desaparición forzada de personas pasó de 154 en el año 2017, a 334 en el 2020 y 521 en el 2021 (basados en los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda). Tan sólo entre los años 2016 y 2021 se concentran más del 70% de las desapariciones reportadas históricamente en el estado, con mayor incidencia en los municipios de Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe, Río Grande, Jerez, Villa de Cos, Valparaíso, Calera, Ojocaliente y Sombrerete.
Partiendo de este reconocimiento, no se puede dejar de señalar, sin embargo, que vivimos un proceso de degradación de esta violencia, reflejado en el aumento de masacres, abandonos de cuerpos en lugares públicos y simbólicos, y un alto grado de crueldad. Llegado el gobierno actual, y en un proceso de profunda deshumanización, se dieron diferentes episodios muy visibles como el abandono de cuerpos colgados en puentes de las carreteras del estado y en diferentes puntos de ciudades como Fresnillo, o el abandono de cuerpos al interior de una camioneta justo en frente del Palacio de Gobierno en el centro histórico de la capital. Igualmente, durante el 2021 y 2022 se han presentado más de 9 episodios de desplazamiento forzado colectivo, en las comunidades rurales de Sarabia, Palmas Altas, Ermita de los Correas, y otras 16 comunidades de la sierra del municipio de Jerez. Las cifras estiman que aproximadamente 2.500 personas han sido desplazadas en los municipios afectados. Estas dinámicas han consolidado un escenario de terror en todo el estado, volviéndose comunes los videos en redes sociales de grupos armados patrullando las carreteras y municipios, realizando ejecuciones, amedrentando a la población y reafirmando su capacidad bélica y de control.
La narrativa de los gobiernos estatales y federales explica el aumento de la violencia como consecuencia de la acción de grupos del crimen organizado, reportando para el 2021 la presencia en el territorio de los Cárteles del Golfo, Sinaloa, Noreste, Jalisco Nueva Generación y Los Talibanes. Según las investigaciones periodísticas que se han realizado sobre las dinámicas de las guerras en México, la estrategia de expansión del CJNG en Zacatecas generó un enfrentamiento con el Cártel de Sinaloa, afectando en principio municipios como Juan Aldama, Mazapil, Río Grande, Sombrerete, Fresnillo, hasta extenderse en el resto del estado, incluyendo Jerez y la zona metropolitana de Zacatecas-Guadalupe. Dado que Zacatecas limita con el llamado “Triángulo Dorado” (Durango, Sinaloa, Chihuahua), y que el CJNG tiene presencia consolidada en las fronteras con Jalisco y Nayarit, se convierte en un territorio central no sólo en la producción y trasiego de drogas, sino de tránsito de todo tipo de economías ilegales.
Más allá de que la respuesta de las autoridades siempre ha sido reducir estas dinámicas a “enfrentamientos entre bandas criminales”, lo cierto es que estas manifestaciones de violencia tienen un claro efecto y sentido en las disputas por el control y el orden social. Los efectos no se dan sólo en “los indicadores”, sino también, y principalmente, en las emociones, percepciones y actitudes en la vida cotidiana de todos los habitantes de Zacatecas. Lo que presenciamos son claras manifestaciones de un orden violento donde muchas veces los grupos “al margen de la ley” tienen mayor capacidad de control territorial y, en otras, son las alianzas entre estos grupos y actores estatales las que permiten este control. En medio, los ciudadanos y las ciudadanas nos acostumbramos cada vez más a la violencia o vivimos con mucho temor, lo que genera grandes efectos desmovilizadores y de fragmentación social. En este estado de terror las masacres y su visibilidad pública representan, justamente, lo que Rosana Reguillo denomina violencias disciplinarias, es decir, las que se despliegan como signos de poder sobre los cuerpos, buscando someter a través del miedo y la brutalidad (2021, 125). Desaparición, desplazamiento y masacres son estrategias de control que se ejercen sobre los cuerpos que habitan los territorios que son disputados para la acumulación y la circulación de capitales (legales e ilegales).
En este contexto el muy peligroso discurso tan establecido según el cual la violencia se da sólo entre malos que se matan entre ellos, nos lleva al abismo de la normalización, nos acerca a lecturas fascistas de la realidad y nos aleja de exigencias de garantía de justicia, criminalizando a las víctimas.
El aumento de la militarización y presencia de la guardia nacional con casi 4.000 efectivos no parece tener resultados inmediatos, por el contrario, se vuelve parte del paisaje cotidiano ver escuadrones fuertemente armados transitando por las ciudades y las zonas rurales del estado. Hasta el momento las Mesas de Paz y Seguridad que inició el gobierno estatal no han generado información pública y confiable sobre cuántos de los crímenes han sido investigados y sancionados, con sus consecuentes medidas de reparación y garantías de no repetición a las víctimas. Brilla por su ausencia un enfoque basado en los derechos humanos, que permita entender a los funcionarios públicos que no están haciendo un “esfuerzo” o un “favor” a las poblaciones víctimas, sino que están respondiendo ante su obligación como autoridades y que son los máximos responsables.
Las respuestas colectivas y sociales no han sido muy grandes. Si bien durante el 2022 se han realizado por lo menos tres marchas en exigencia de paz y respuestas del gobierno, estas fueron decreciendo en presencia ciudadana. De la misma manera cuando acompañamos a las madres de víctimas de desaparición en el estado podemos constatar el abandono y la soledad con la que deben afrontar una tragedia de esta magnitud. Víctimas de múltiples violencias y discriminaciones, hacen parte de las poblaciones más empobrecidas y marginadas, y el apoyo social es muy poco. Muchos tienen miedo justamente porque el orden social violento que se reproduce a diario tiene efectos desmovilizadores.
La Universidad en general, y en particular el trabajo académico que allí realizamos, se ha caracterizado por un gran silencio frente a la problemática. En un estado donde las redes de solidaridad se encuentran resquebrajadas profundamente, donde las necesidades económicas obligan a la mayoría de la población a preocuparse a diario por cómo sobrevivir ante los paupérrimos salarios y la falta de opciones dignas de empleo, lo cual trae lógicas consecuencias en la desmovilización y desafección frente a problemas sociales, la Universidad y los/as universitarios/as deberían ser punta de lanza tanto de la investigación, la crítica como de la construcción colectiva de alternativas autónomas. Lo que deberíamos esperar son más posiciones, actividades de reflexión y construcción colectiva, que busquen respuestas y soluciones ante la violencia que vivimos, e inevitablemente allí deberían aparecer y señalarse muchas de las responsabilidades del gobierno a quien nadie obligó a asumir la compleja, pero imperativa tarea, de garantizar seguridad, paz y libertad a sus ciudadanos/as. Por más que al gobernador no le guste que la Universidad responda ante su entorno o que los propios universitarios tengamos temor de hacerlo.
¡Que el miedo no nos ciegue la vida!
Información de La Jornada Zacatecas
