🔹 El Departamento de Estado busca que se investigue y, en su caso, se extradite a políticos de Morena sospechosos de nexos con el narcotráfico.

🔹 México habría sido amenazado con nuevos aranceles si no actúa contra la narcocorrupción.

🔹 La SRE niega que EE. UU. haya solicitado procesar a personas específicas.

🔹 Washington propone nombrar un «zar del fentanilo» para coordinar con México la crisis de opioides.

Por: María Martínez. _ Con Información de (Reuters)
Ciudad de México, 11 de junio,2025

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está presionando a México para que investigue, procese y extradite a políticos con presuntos vínculos con el crimen organizado, si existen cargos en su contra en territorio estadounidense, según reveló una investigación publicada este miércoles por la agencia Reuters.

De acuerdo con el reportaje, estas solicitudes habrían sido planteadas al menos en tres ocasiones por el secretario de Estado, Marco Rubio, y su equipo, en reuniones bilaterales y conversaciones con funcionarios mexicanos. La intención, según cuatro fuentes familiarizadas con el tema, es presionar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para que actúe incluso contra funcionarios electos en funciones, en una ofensiva sin precedentes contra la narcocorrupción.

Dos fuentes aseguraron que, en las discusiones, funcionarios estadounidenses exigieron acciones contra varios políticos del partido Morena, al que pertenece Sheinbaum, y advirtieron que, de no haber avances, podrían imponerse nuevos aranceles a productos mexicanos.

Estas conversaciones entre autoridades de ambos países no habían sido reportadas anteriormente.

Niega Cancillería solicitudes específicas

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México rechazó que Estados Unidos haya solicitado procesar a funcionarios específicos.
“Es absolutamente falso que, en las reuniones con el secretario Rubio o su equipo en el Departamento de Estado, se hayan hecho solicitudes para investigar, procesar o extraditar a algún funcionario mexicano”, escribió la Cancillería en su cuenta oficial de X.

Marina del Pilar rechaza señalamientos

Reuters no pudo confirmar si el gobierno de EE. UU. entregó a México una lista de políticos con presuntos vínculos con el crimen organizado ni si proporcionó pruebas en su contra. Tampoco logró verificar de forma independiente si alguno de los señalados ha incurrido en algún delito.

Dos fuentes dijeron que entre los mencionados se encuentran cinco funcionarios actuales de Morena y un exsenador, incluida la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

En una declaración enviada a Reuters, Ávila aseguró que su gobierno ha combatido al crimen organizado y ha logrado reducir los índices de homicidios en el estado.
“Afirmo categóricamente que es totalmente falsa cualquier información que pretenda vincularme con algún grupo del crimen organizado”, declaró.

Ni la Presidencia de México, ni la Fiscalía General de la República, ni la Secretaría de Seguridad respondieron a solicitudes de comentario. Lo mismo ocurrió con la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.

Riesgo político para Sheinbaum

La administración de Trump ha justificado sus amenazas arancelarias contra México alegando el creciente poder de los cárteles dentro del gobierno.
Una eventual ofensiva contra políticos en funciones marcaría una escalada en la lucha contra la corrupción ligada al narcotráfico, pero también implicaría riesgos políticos para la presidenta Sheinbaum, dado que algunas de las acusaciones apuntan a integrantes de su propio partido, señaló a Reuters un miembro de su gabinete de seguridad.

Según las fuentes consultadas, la solicitud fue planteada por primera vez en una reunión en Washington el pasado 27 de febrero, encabezada por Marco Rubio y el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente. En ese encuentro participaron la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, y altos funcionarios de los departamentos de Seguridad Nacional, Justicia y Tesoro. También asistieron el fiscal general de México, Alejandro Gertz, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Tras amenazas de aranceles por parte de Trump, México extraditó a 29 presuntos miembros de cárteles a Estados Unidos a finales de febrero, en la mayor entrega de este tipo en años. También se discutió la posibilidad de acelerar la captura o deportación de objetivos prioritarios para la DEA y el FBI, según dos de las fuentes.

Un zar del fentanilo

Como parte de las negociaciones, funcionarios estadounidenses propusieron la creación de un “zar del fentanilo” en EE. UU., que serviría como enlace directo con la presidenta Sheinbaum para coordinar acciones contra el tráfico de opioides sintéticos.

Washington también presionó a México para realizar inspecciones más rigurosas en la frontera, tanto en cargamentos como en el tránsito de personas hacia territorio estadounidense.

Acusaciones de protección política

Aunque la Fiscalía General de la República es autónoma según la Constitución mexicana, el gobierno de EE. UU. ha acusado reiteradamente a México de proteger a políticos con presuntos vínculos con el narcotráfico.

En México, los gobernadores en funciones y los legisladores federales gozan de fuero y solo pueden ser procesados por delitos federales graves como narcotráfico o delincuencia organizada si el Congreso lo autoriza.

¿Información de Ovidio Guzmán?

El pasado 22 de mayo, este medio Péndulo Informativo publicó que Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, habría entregado a fiscales estadounidenses información sobre presuntas conexiones entre organizaciones criminales y altos funcionarios de Morena, como parte de un acuerdo de culpabilidad.

Según dicha publicación, Guzmán López habría mencionado al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al de Tamaulipas, Américo Villarreal, entre otros. También habría revelado el uso de empresas fachada y prestanombres de la familia Zambada para lavar dinero en sectores como la construcción, hotelería y agricultura.

Una investigación que no debe ser desestimada

Aunque la Cancillería mexicana ha negado las afirmaciones contenidas en la investigación de Reuters, los indicios apuntan a que el gobierno de Estados Unidos tiene en la mira a varios políticos mexicanos, con información que considera sólida.

El propio presidente Trump ha afirmado que el crimen organizado está infiltrado en las instituciones del Estado mexicano, y su secretario de Estado, Marco Rubio, ha declarado que algunas regiones del país están bajo control del narcotráfico. Por ello, la investigación de Reuters no debe ser desestimada.

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