🔴#SHEINBAUM Y EL #PAÍS DE LAS #DOS #JUSTICIAS: UNA PARA LOS ADVERSARIOS Y OTRA PARA LOS SUYOS

🔹️Mientras la presidenta Sheinbaum endurece acusaciones por posibles violaciones a la soberanía de la presunta colaboración de Chihuahua con la #CIA, al morenista Rubén Rocha Moya lo exonera y lo proteje pese a los graves señalamientos de #EEUU sobre presuntos nexos con el narcotráfico. La narrativa presidencial exhibe una justicia selectiva: rigor para la oposición y blindaje total para los de #Morena. En ése escenario también cabe una pregunta de fondo: ¿para quién gobierna realmente la presidenta? ¿Para los más de 130 millones de mexicanos que viven en el país o únicamente para los 35 millones que le dieron su voto? Porque fuera de Palacio Nacional, las conferencias no detienen al crimen, no callan las balas y tampoco regresan a los desaparecidos.

Por: María Martínez
Ciudad de México, a 13 de Mayo,2026

Por momentos, el discurso del gobierno federal parece sostenerse sobre una lógica simple: cuando los señalamientos alcanzan a la oposición, hay indignación, investigaciones y posibles violaciones a la soberanía; cuando las acusaciones rozan a Morena, entonces “no hay pruebas”.

La presidenta Claudia Sheinbaum dejó clara este miércoles su postura sobre la presunta participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia en un operativo relacionado con un narcolaboratorio en la sierra de Chihuahua. Para ella, en términos de opinión y visión presidencial, se trataría de “una falta a la Ley de Seguridad Nacional y a la Constitución”.

Así lo dijo desde Palacio Nacional:

“Bueno, en términos de opinión y de visión como presidenta, es que una falta a la Ley de Seguridad Nacional y a la Constitución”.

Y fue más allá:

“¿Quién va a determinar quién tuvo esa falta? La Fiscalía General de la República. La Fiscalía del Estado de Chihuahua está haciendo su propia investigación, pero la Fiscalía General de la República está llevando a cabo una investigación profunda en donde está entrevistando a muchas personas de la Fiscalía y de otras áreas del gobierno de Chihuahua”.

Con ello, la presidenta no sólo fijó postura política; también marcó la ruta institucional. La Fiscalía General de la República ya investiga y, en los hechos, el mensaje apunta hacia el gobierno de la panista Maru Campos.

Pero el problema no es únicamente jurídico. El problema es la vara política con la que se mide cada caso.

Porque mientras en Chihuahua se habla de soberanía vulnerada, posibles responsabilidades y violaciones constitucionales, en Sinaloa el discurso presidencial cambia radicalmente cuando se trata del gobernador morenista Rubén Rocha Moya.

Ahí no hay indignación presidencial. No hay exigencias públicas. No hay investigaciones anunciadas desde la tribuna mañanera. Hay absolución política anticipada.

“No hay pruebas”, repite la narrativa oficial.

Y lo hace pese a que desde Estados Unidos las advertencias han sido constantes. Funcionarios, agencias y voces políticas norteamericanas han insistido en que el narcotráfico penetró estructuras políticas mexicanas y que existen actores ligados al partido gobernante bajo sospecha.

Sin embargo, desde Palacio Nacional se responde con descalificaciones a la oposición, acusándola de promover campañas negras y de buscar un deterioro en la relación bilateral para justificar una intervención extranjera.

La contradicción resulta cada vez más difícil de sostener.

Porque, por un lado, el gobierno mexicano presume coordinación, diálogo y cooperación histórica con Estados Unidos en materia de seguridad. Pero, por el otro, ese mismo gobierno norteamericano lanza una y otra vez acusaciones públicas sobre presuntos vínculos entre el narcotráfico y actores políticos de Morena, partido en el poder.

Entonces surge una pregunta inevitable para cualquier ciudadano: si existe tanta comunicación, tanta cooperación y tanto respeto mutuo, ¿por qué los señalamientos siguen escalando públicamente sin que haya claridad institucional real?

¿Por qué temas tan delicados terminan ventilándose en medios y conferencias, mientras las reuniones bilaterales parecen incapaces de detener una guerra de declaraciones que desgasta a ambos gobiernos?

La narrativa presidencial termina siendo confusa incluso para quienes intentan seguirla con objetividad.

Porque mientras se denuncia cualquier presunta intervención extranjera como una agresión intolerable a la soberanía, también se defiende la cooperación con el mismo gobierno que acusa a Morena de posibles vínculos con el crimen organizado.

Mientras a Chihuahua se le coloca bajo sospecha institucional, a Rocha Moya se le blinda políticamente.

Y en medio de este escenario también cabe una pregunta de fondo: ¿para quién gobierna realmente la presidenta? ¿Para los más de 130 millones de mexicanos que viven en el país o únicamente para los 35 millones que le dieron su voto?

Porque gobernar una nación implica representar incluso a quienes no piensan igual, a quienes cuestionan, critican o desconfían del poder. Pero cuando el discurso presidencial parece dividir entre aliados protegidos y adversarios señalados, el mensaje que recibe una parte importante de la ciudadanía es el de un gobierno que actúa más como movimiento político que como Estado.

Y todo ocurre en un país que parece vivir atrapado entre discursos y realidades completamente distintas.

Porque fuera de Palacio Nacional, la realidad no cambia con conferencias.

Ahí siguen las madres buscando hijos desaparecidos sin respuestas. Ahí siguen comunidades enteras desplazadas por el miedo. Ahí continúa una guerra interminable entre facciones criminales. Ahí siguen periodistas silenciados por amenazas. Ahí permanece el miedo cotidiano de miles de personas que observan cómo el poder político y criminal parecen convivir en una misma atmósfera de impunidad.

Ese miedo no nace solamente de los grupos delincuenciales.

También nace de los abusos del poder, de las instituciones incapaces de generar confianza y de una clase política que parece haber perdido sensibilidad frente a los derechos humanos, la justicia y la vida misma de quienes no forman parte de la élite gubernamental.

Hoy, Sheinbaum trazó una línea clara: frente a un gobierno estatal de oposición, el mensaje es investigación y posible responsabilidad constitucional. Frente a los suyos, el mensaje sigue siendo protección política y narrativa de defensa.

Soberanía para unos. Blindaje para otros.