🔴#Importante| MARU CAMPOS Y LA JUSTICIA SELECTIVA DEL DOBLE RASERO
«No hace falta militar en un partido político para indignarse cuando el peso del Estado parece caer con distinta intensidad según el destinatario».
🔹️Mientras desde el oficialismo se protege a #morenistas señalados por #EEUU por presuntos vínculos con el #narcotráfico, se lanza una embestida judicial y política contra Maru Campos, con carpetas de investigación, juicio político y acusaciones de “traición a la patria”. El contraste es abrumador y exhibe un doble rasero: impunidad para aliados, persecución para adversarios; justicia selectiva al servicio del poder. Hoy es ella; mañana puede ser cualquiera.
Por: María Martínez
Ciudad de México, a 30 de Mayo, 2026
Mientras Morena y el oficialismo blindan a morenistas señalados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, despliegan todo el aparato del Estado contra la panista Maru Campos con carpetas de investigación, amenazas de juicio político y acusaciones de “traición a la patria”.
El objetivo parece claro: desviar la atención del estigma impulsado por el discurso del presidente Donald Trump sobre un supuesto “narcopartido”. Pero el efecto exhibe un doble rasero: se protege a personajes cuestionados mientras se criminaliza a una gobernadora por confrontar al crimen organizado. Una justicia selectiva donde, otra vez, parece imponerse la máxima: a los amigos, las bondades de la ley; a los adversarios, todo el peso del poder. Así se observa.
No hace falta militar en un partido político para indignarse cuando el peso del Estado parece caer con distinta intensidad según el destinatario. Tampoco se necesita simpatizar con un gobierno o con la oposición para advertir una señal preocupante: cuando la justicia parece moverse al ritmo de la conveniencia política, la democracia entra en una zona de riesgo.
La crítica aquí no es partidista.
Es institucional.
Porque cuando el aparato del Estado parece desplegar velocidades distintas dependiendo del color partidista del investigado, la sospecha de selectividad deja de ser un argumento opositor y comienza a instalarse como una percepción pública profundamente corrosiva.
Y esa percepción importa.
Mucho.
El caso de Maru Campos merece observarse bajo esa lógica.
En semanas recientes, Morena y voces del oficialismo han impulsado una narrativa que acusa a la gobernadora de Chihuahua de presunta “traición a la patria”, derivada de la supuesta autorización de participación de dos agentes de la CIA en un operativo realizado en la sierra de Chihuahua, donde fue asegurado un presunto narcolaboratorio vinculado al Cártel de Sinaloa.
La acusación es políticamente explosiva.
Pero también jurídicamente compleja.
Y precisamente ahí comienza el problema.
El 25 de mayo de 2026, Maru Campos recibió una notificación formal de no ejercicio de la acción penal dentro de una carpeta relacionada con el caso del hoy senador morenista Javier Corral, derivada de los hechos ocurridos cuando se intentó ejecutar una orden de aprehensión contra el exgobernador en la Ciudad de México.
Jurídicamente, aquello parecía el cierre de un episodio incómodo.
Pero apenas un día después ocurrió algo que, por decir lo menos, obliga a formular preguntas.
La gobernadora recibió un nuevo citatorio, ahora desde el ámbito federal, para comparecer nuevamente dentro del mismo expediente, esta vez en calidad de imputada.
Al mismo tiempo, fue requerida para rendir declaración como testigo dentro de otra investigación impulsada por la Fiscalía General de la República, relacionada con la presunta participación de agentes estadounidenses en territorio mexicano y el señalamiento de “traición a la patria” promovido políticamente desde Morena.
No se trata de un tecnicismo jurídico.
Se trata de contexto.
Citatorios.
Narrativas públicas.
Amenazas de juicio político.
Acusaciones simultáneas.
Una gobernadora opositora colocada de forma permanente bajo presión política, institucional y mediática.
Y sí, la pregunta incómoda es inevitable:
¿Por qué un expediente en el que ya se notificó un no ejercicio de acción penal vuelve a colocar a la misma persona bajo condición de imputada apenas horas después?
¿Por qué, además, la narrativa pública parece acompañar cada paso ministerial con una intensidad política difícil de ignorar?
El asunto adquiere todavía más dimensión cuando se recuerda el episodio del bar-restaurante Gin Gin, en la Ciudad de México.
Aquella noche, cuando agentes ministeriales de Chihuahua intentaban ejecutar una orden de aprehensión vigente contra Javier Corral, quien apareció personalmente fue Ulises Lara, entonces fiscal capitalino y hoy fiscal especial de asuntos relevantes de la Fiscalía General de la República.
No era un agente ministerial cualquiera.
Era el fiscal.
El mismo funcionario que intervino personalmente para impedir la detención del hoy senador morenista, quien terminó protegido políticamente por el aparato institucional de la Ciudad de México.
La pregunta no es menor.
¿Por qué el aparato institucional parece reaccionar con una intensidad frente a unos y con otra completamente distinta frente a otros?
Porque el contraste resulta políticamente imposible de ignorar.
Mientras a Maru Campos se le coloca en el centro de una narrativa de sospecha que incluye acusaciones tan graves como “traición a la patria”, citatorios sucesivos y presión política abierta, en Sinaloa y Tabasco la respuesta institucional parece moverse bajo otra lógica: prudencia discursiva, cautela narrativa y tiempos considerablemente menos estridentes frente a señalamientos igualmente delicados en términos de interés público.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado públicamente por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el narcotráfico, compareció ante autoridades ministeriales rodeado de protección institucional y bajo un discurso cuidadosamente administrado: no hay ficha roja, continúan investigaciones, no hay conclusiones.
El senador Enrique Inzunza acudió a instalaciones de la Fiscalía General de la República en Culiacán bajo esquemas reforzados de seguridad institucional.
Y luego está Tabasco.
La detención de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Adán Augusto López, provocó cuestionamientos inevitables sobre responsabilidades políticas y cadenas de mando. Pero el hoy senador morenista no ha sido sometido al mismo nivel de presión política, narrativa ni institucional.
No se trata de absolver a nadie.
Tampoco de pedir impunidad.
Todo funcionario público debe responder ante la ley.
La discusión de fondo es otra.
¿Por qué la ley parece ejercerse con distinta intensidad?
¿Por qué algunos actores políticos enfrentan citatorios, presión mediática, juicios políticos y narrativas de criminalización simultáneas, mientras otros, señalados en investigaciones de enorme gravedad, parecen transitar diligencias bajo un discurso institucional de cautela, comprensión y prudencia?
La justicia no puede operar bajo la lógica de la conveniencia política.
Porque cuando el poder parece endurecerse frente a adversarios y administrarse con más mesura frente a aliados, lo que se erosiona no es únicamente la confianza en una fiscalía.
Se erosiona la credibilidad del Estado.
Y ahí aparece el problema democrático.
Porque quizá el riesgo más grave no es solamente la impunidad.
Es la sospecha persistente de que la ley parece aplicada con distinto rigor según el nombre, el partido político y la cercanía con el poder.
Cuando eso ocurre, la justicia deja de parecer un principio.
Y empieza a parecer un instrumento político.
Porque una democracia no solo se erosiona cuando la justicia se corrompe.
También se erosiona cuando deja de ser imparcial.
