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🔴#IMPORTANTE| #CÁRTELES #MEXICANOS USAN MUNICIONES DEL EJÉRCITO DE #EEUU PARA MATAR

🔹️Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y The New York Times documenta que municiones calibre .50 fabricadas en una planta propiedad del Ejército de EE.UU. han llegado a manos de cárteles mexicanos. El impacto de estas municiones en México ha sido devastador. Los cárteles las han utilizado para derribar helicópteros, emboscar convoyes policiales, asesinar funcionarios y ejecutar ataques masivos contra civiles

🔴#IMPORTANTE| #CÁRTELES #MEXICANOS USAN MUNICIONES DEL EJÉRCITO DE #EEUU PARA MATAR

Por: Redacción
Ciudad de México, a 8 de Febrero, 2026

Municiones de uso militar fabricadas en una planta propiedad del Ejército de Estados Unidos han sido utilizadas de manera sistemática por cárteles mexicanos para enfrentar y superar a fuerzas de seguridad, perpetrar masacres y atacar infraestructura pública, revela una investigación conjunta del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y The New York Times.

El reportaje demuestra que cartuchos calibre .50, diseñados para destruir vehículos blindados y aeronaves, han ingresado al mercado civil estadounidense y posteriormente han sido contrabandeados a México, donde su uso ha marcado un punto de inflexión en la letalidad del crimen organizado.

Uno de los episodios más representativos ocurrió el 30 de noviembre de 2019 en Villa Unión, Coahuila, cuando un convoy del Cártel del Noreste (CDN) ingresó al municipio con ametralladoras pesadas y rifles calibre .50. El ataque dejó cuatro policías, dos civiles y 19 presuntos sicarios muertos, además de decenas de viviendas y edificios públicos dañados. En el lugar fueron localizados al menos 45 casquillos marcados con las iniciales “LC”, correspondientes a la Lake City Army Ammunition Plant, ubicada en Misuri.

Lake City es una instalación de propiedad federal y el principal fabricante de municiones para rifles del Ejército estadounidense. Sin embargo, desde 2008 comenzó a vender municiones calibre .50 al mercado civil, tras acuerdos entre el Pentágono y contratistas privados que operan la planta, lo que abrió una vía de suministro explotada por redes de tráfico de armas.

Millones de documentos judiciales, registros de incautaciones y bases de datos gubernamentales analizados por el ICIJ y The New York Times muestran que desde 2012, autoridades estadounidenses han decomisado más de 40 mil cartuchos calibre .50 en estados fronterizos con México. Cerca de un tercio de ellos fueron fabricados en Lake City, una proporción mayor que la de cualquier otro productor.

El impacto de estas municiones en México ha sido devastador. Los cárteles las han utilizado para derribar helicópteros, emboscar convoyes policiales, asesinar funcionarios y ejecutar ataques masivos contra civiles. En 2024, una variante aún más destructiva —munición incendiaria perforante calibre .50— fue utilizada para atacar un convoy policial; uno de los proyectiles atravesó un vehículo blindado y mató a un elemento, mientras que otros tres resultaron heridos.

Exagentes federales estadounidenses citados en la investigación advierten que no es la cantidad, sino el poder destructivo de estas municiones lo que ha inclinado la balanza a favor de los cárteles. Un solo disparo calibre .50 puede impactar objetivos a más de un kilómetro de distancia y perforar protecciones diseñadas para combate.

Pese a que el mercado civil estadounidense para este tipo de munición es reducido —los rifles pueden costar miles de dólares y los cartuchos entre tres y cuatro dólares cada uno—, los cárteles mexicanos cuentan con recursos suficientes y alta demanda, lo que convierte a estas armas en una inversión estratégica para el crimen organizado.

La investigación también documenta que al menos 16 comercios en línea han vendido munición calibre .50 fabricada en Lake City o ensamblada con componentes provenientes de la planta, incluyendo cartuchos perforantes, algunos de los cuales siguen disponibles actualmente.

Aunque el Congreso de Estados Unidos prohibió en el año 2000 la venta de munición perforante al público, la legislación no incluyó las municiones estándar, conocidas como “ball”, ni evitó que componentes militares fueran reutilizados por contratistas privados para su venta comercial.

Durante años, autoridades estadounidenses han detectado redes de tráfico que operan bajo un mismo patrón: ciudadanos compran grandes volúmenes de munición de manera legal y posteriormente la entregan a contrabandistas que la introducen a México sin autorización. Entre 2019 y 2024, la ATF decomisó más de 36 mil cartuchos calibre .50, mientras que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) aseguró casi 21 mil unidades, incluidas 2,850 municiones incendiarias perforantes.

Pese a estos datos, el Ejército de Estados Unidos defendió la venta comercial de municiones fabricadas en Lake City, al señalar que esta política ha generado ahorros anuales cercanos a los 50 millones de dólares, al reducir los costos de adquisición gubernamental. No obstante, evitó responder de manera directa sobre el uso de estos cartuchos por parte de cárteles mexicanos.

La investigación subraya la contradicción de que, aun cuando la administración del presidente Donald Trump designó a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, estas mismas estructuras criminales continúan accediendo a municiones fabricadas en una planta propiedad del Ejército estadounidense.

Familiares de policías asesinados, exalcaldes y testigos de ataques citados en el reportaje coinciden en que el flujo de armas y municiones desde Estados Unidos hacia México no ha sido contenido, y que sus consecuencias se reflejan en la creciente letalidad de la violencia criminal.

“Los narcotraficantes consiguen las mejores armas de Estados Unidos”, resumió un exalcalde de Villa Unión, al recordar el ataque que paralizó su comunidad.

Investigación de: El reportero del Times Emiliano Rodríguez Mega de New York Times en Ciudad de México y Villa Unión, México.

Colaboradores: Jesús Escudero, Miguel Fiandor Gutiérrez, Delphine Reuter (ICIJ); Paulina Villegas (NYT); Mathieu Tourliere (Proceso, México).

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