🔴#FGR IMPULSA LEY GENERAL CONTRA #FEMINICIDIO; PLANTEA PENAS DE DE HASTA 70 AÑOS DE PRISIÓN
🔹️La iniciativa busca homologar el tipo penal en todo el país, establecer protocolos de investigación con perspectiva de género y garantizar que toda muerte violenta de mujeres se indague como feminicidio desde el inicio.
Por: Redacción/ Péndulo Informativo
Ciudad de México, a 24 de Marzo. 2026
La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, afirmó que el feminicidio exige respuestas estructurales de todas las instituciones del Estado mexicano, al presentar una propuesta de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por este delito.
Durante el acto, la funcionaria subrayó que el combate a la violencia contra las mujeres requiere la participación coordinada de autoridades, colectivas feministas, academia y organizaciones civiles, al tratarse de un problema que afecta a miles de víctimas en el país.
Godoy Ramos advirtió que el feminicidio no puede reducirse a cifras o disposiciones legales, sino que implica reconocer la pérdida de vidas y una deuda histórica en materia de acceso a la justicia para las mujeres y sus familias.
La iniciativa, elaborada en conjunto con la Secretaría de las Mujeres, parte del reconocimiento del feminicidio como una grave violación a los derechos humanos, además de un delito, y busca establecer un marco jurídico homologado a nivel nacional.
Entre los puntos centrales, la propuesta contempla la unificación del tipo penal bajo nueve razones de género, entre ellas signos de violencia sexual, lesiones degradantes, antecedentes de violencia, relaciones de poder o subordinación, incomunicación de la víctima, estado de indefensión y exposición del cuerpo.
Asimismo, plantea sanciones que van de 40 a 70 años de prisión y la homologación de protocolos de investigación en todo el país, con el objetivo de garantizar que toda muerte violenta de una mujer sea indagada desde el inicio bajo la hipótesis de feminicidio.
La fiscal general destacó que el delito se investigará de oficio y que las autoridades estarán obligadas a actuar con debida diligencia reforzada, mediante protocolos especializados que incorporen perspectiva de género, análisis de contexto de violencia, preservación de indicios y coordinación interinstitucional.
