«Cuando las instituciones dejan de servir a los ciudadanos y comienzan a servir al poder, no sólo traicionan su función: pierden legitimidad.”

🔹️Nora Ruvalcaba no sólo ha convertido Next Energy en su bandera política rumbo a 2027: se presenta públicamente como impulsora y afectada dentro de una investigación en la que el patrimonio presuntamente lesionado NO es el suyo. Si la hipótesis de la FGR es un daño a las arcas municipales, el posible ofendido es el Municipio de Aguascalientes, titular del bien jurídico presuntamente afectado, mientras la senadora de Morena tendría, en principio, carácter de denunciante. La paradoja es mayor: mientras el Ayuntamiento pelea por acceder a la carpeta y hacer valer su calidad de víctima u ofendido, Nora mantiene una injerencia política sobre un expediente que desde 2022 utiliza contra Tere Jiménez. La pregunta para la FGR es inevitable: ¿con qué calidad procesal interviene Ruvalcaba y hasta dónde la FGR le ha permitido conocer una investigación de la que no aparece como titular del patrimonio presuntamente lesionado?

Por: María Martínez
Ciudad de México, a 18 de Agosto, 2026

El caso Next Energy volvió al centro de la disputa política de Aguascalientes.

Pero para entender realmente qué está ocurriendo es indispensable separar tres planos que en el discurso público comienzan a mezclarse: las irregularidades , las responsabilidades penales que corresponde acreditar a la Fiscalía General de la República y las acusaciones políticas que la Senadora Morenista Nora Ruvalcaba ha construido alrededor del expediente, como bandera de campaña.

Porque Next Energy presenta irregularidades.

La Auditoría Superior de la Federación las documentó.

La FGR tiene facultades para investigarlas.

Lo que los documentos revisados hasta ahora no demuestran es algo diferente: que los cinco exfuncionarios señalados públicamente hayan cometido delitos, que la gobernadora de Aguascalientes Tere Jiménez haya participado en un desvío de recursos o que dinero relacionado con Next Energy haya terminado financiando sus campañas electorales, como lo afirma la Morenista Nora Ruvalcaba y su consorte Fernando Alférez Barbosa.

Y justamente hasta ese punto ha llevado Nora Ruvalcaba sus acusaciones. Un día si, y otro también en distintos foros la narrativa de Next Energy está presente.

LA ASF ENCONTRÓ IRREGULARIDADES

Si, bien, la Auditoría Superior de la Federación practicó al Municipio de Aguascalientes la auditoría forense 2023-D-01001-23-0452-2024, denominada Contratos y Convenios Suscritos por el Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes; así como, Erogaciones Financiadas con Recursos del Gasto Federalizado del Ejercicio 2023, Incluidas las Participaciones Federales.

La revisión comprendió una muestra de 582 millones 340 mil 100 pesos y no se limitó exclusivamente a Next Energy: incluyó diferentes contratos, adquisiciones, servicios, obras y operaciones municipales.

Por eso resulta incorrecto, que la Morenista atribuya automáticamente a Next Energy todos los montos observados globalmente por la ASF.

Sin embargo, dentro de la auditoría existen hallazgos específicos relacionados con el contrato PPS 002/2019.

Entre otras acciones, la ASF promovió ante el Servicio de Administración Tributaria el ejercicio de facultades de comprobación fiscal sobre once personas morales, incluyendo a Next Energy del Centro, S. de R.L. de C.V.

Los hallazgos proporcionan elementos para cuestionar el cumplimiento del contrato y justifican que las autoridades administrativas investiguen.

Pero existe una frontera que no debe desaparecer:

una irregularidad administrativa o una observación de fiscalización NO equivale, por sí misma, a una responsabilidad penal, ESO NO FUE ORDENADO POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN ASF.

En una revisión exhaustiva al informe de la Auditoria Superior de la Federación (ASF ) en poder de Péndulo Informativo, no se observa en ningún capítulo una determinación estableciendo que JAIME GERARDO BELTRÁN MARTÍNEZ, ALFREDO MARTÍN CERVANTES GARCÍA, MONICS MARCELA DÍAZ ARANDA. LUIS ALBERTO RIVERA VARGAS Y RODOLFO TÉLLEZ MORENO, HAYAN COMETIDO ALGUNA CONDUCTA DELICTIVA RELACIONADA CON EL CONTRATO DE NEXT ENERGY.

Tampoco encontramos una conclusión que establezca que TEREJIMÉNEZ, gobernadora de Aguascalientes, haya desviado recursos o se haya beneficiado como lo asegura la Morenista Nora Ruvalcaba

Y, particularmente, la auditoría revisada NO determina que recursos relacionados con Next Energy hayan terminado financiando la campaña electoral de Tere Jiménez o de personas cercanas a ella, como lo afirma la pareja Ruvalcaba _ Alférez

LA DIFERENCIA ES FUNDAMENTAL

La ASF puede documentar irregularidades, incumplimientos, operaciones pendientes de aclaración y posibles responsabilidades administrativas e incluso penales y presentar las denuncias pertinentes, como sucedió con otros municipios. Situación que en el caso de Aguascalientes. NO OCURRIÓ SEGÚN EL INFORME OFICIAL en poder de Péndulo Informativo.

Convertir esos hechos en responsabilidad penal requiere otra investigación, otros elementos probatorios y, desde luego, la voluntad política, que en el caso, pareciera haber dominado el interés de la Fiscalía General de la República de Ernestina Godoy.

🔹️NORA VA MUCHO MÁS LEJOS QUE LA AUDITORÍA

Nora Ruvalcaba no se ha limitado a exigir que Next Energy sea investigada.

En la entrevistas analizadas para este reportaje, la senadora de Morena afirmó a diversos que, dinero relacionado con Next Energy habría sido utilizado para financiar la reelección de Tere Jiménez en 2019 en la presidencia municipal de Aguascalientes y posteriormente a su campaña por la gubernatura.

“Buena parte de ese dinero se fue justamente a esas campañas”, afirmó tajante.

Y agregó:

“Que nos desmientan si no fue cierto”.

LA IMPUTACIÓN ES EXTRAORDINARIAMENTE GRAVE. Pero una acusación de esa naturaleza necesita pruebas igualmente contundentes.

¿Dónde está la ruta del dinero?

¿Qué transferencia bancaria acredita que recursos procedentes del esquema Next Energy llegaron a una campaña?

¿Qué persona física o moral los dispersó?

¿Qué cuenta los recibió?

¿Qué autoridad electoral detectó ese ingreso?

¿Qué investigación financiera estableció semejante operación?

¿Existe una determinación del INE, la UIF, la ASF o una autoridad judicial que lo haya acreditado?

Hasta ahora NO se ha probado públicamente ese puente probatorio, que afirma la Senadora.

Y ésa es precisamente la DIFERENCIA entre documentar irregularidades y acreditar financiamiento electoral ilícito.

NEXT ENERGY YA FUE LA BANDERA DE NORA CONTRA TERE EN 2022

El contexto político tampoco puede separarse del expediente.

Nora Ruvalcaba fue candidata de Morena a la gubernatura de Aguascalientes en 2022.

Su adversaria fue Teresa Jiménez.

Y Next Energy ya era entonces uno de los principales instrumentos de confrontación política utilizados contra la candidata panista.

Existe incluso constancia judicial de ello.

El expediente SUP-JE-142/2022 llegó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación después de que el PAN y la coalición Va por Aguascalientes impugnaran la determinación del Tribunal Electoral estatal que había declarado inexistente la infracción de calumnia atribuida a Nora Ruvalcaba por publicaciones realizadas contra Teresa Jiménez.

Pero existe una diferencia esencial:

que determinadas expresiones hayan quedado protegidas dentro del debate electoral NO significa que un tribunal haya declarado penalmente ciertos los hechos denunciados.

Libertad de crítica política y prueba penal son cosas completamente distintas.

DE 2022 A 2027: NEXT ENERGY SIGUE ACOMPAÑANDO A NORA EN SU CAMPAÑA

Cuatro años después, Next Energy continúa ocupando un lugar central en el discurso político de Ruvalcaba, en sus aspiraciones por lograr la gobernatura de Aguascalientes que ha perdido en tres ocasiones al no conectar con el electorado.

El 3 de diciembre de 2025, en el Senado de la República durante las comparecencias de quienes aspiraban a encabezar la Fiscalía General de la República, Nora llevó públicamente el caso Next Energy al Senado y cuestionó la actuación de la institución.

Ese mismo día, el Senado designó a la Morenista Ernestina Godoy Ramos titular de la FGR con 97 de los 127 votos emitidos. Sustituyendo a Alejandro Gertz Manero. Quién dejo » Voluntariamente» el cargo, para meses después asumir la embajada de Reino Unido. Fue el propio Senado quién registro entre los antecedentes de Godoy sus cargos como fiscal de la Ciudad de México, senadora por Morena y consejera jurídica del Ejecutivo Federal. Así dejó marcado su vínculo político con el partido en poder.

Posteriormente, a la llegada de Godoy a la FGR y atendiendo a la petición de Ruvalcaba, el expediente volvió a cobrar actividad, con una agilidad inusual a la que caracteríza las indagatorias de ciudadanos comunes.

Y ahora, mientras Aguascalientes se aproxima a la elección de gobernador de 2027, Next Energy vuelve a ocupar un espacio central en la confrontación de Nora contra el gobierno de Tere Jiménez.

Esto permite establecer un hecho político relevante:

Next Energy no constituye únicamente una denuncia impulsada por Nora Ruvalcaba; desde 2022 funciona también como su principales banderas de confrontación política contra Teresa Jiménez. Es evidente que más allá de la búsqueda de justicia. Predominan sus intereses particulares y políticos.

LA FGR DE ERNESTINA GODOY ENTRA EN ESCENA

Aquí aparece otro elemento que obliga a extremar el análisis.

Ernestina Godoy no llegó a la FGR procedente exclusivamente de una carrera ministerial.

Antes de encabezar la institución fue fiscal de la Ciudad de México, legisladora, senadora y consejera jurídica del gobierno de Claudia Sheinbaum. Su designación como fiscal general ocurrió el 3 de diciembre de 2025 a propuesta de la presidenta.

Quizá, afirmar queGodoy esté actuando para favorecer electoralmente a Nora Ruvalcaba, suena aventurado. Afirmarlo sin pruebas sería irresponsable.

Pero el contexto sí IMPONE a la FGR un DEBER reforzado de transparencia e imparcialidad.

Porque se trata de una investigación que alcanza a antiguos colaboradores del grupo político de una gobernadora de oposición y que simultáneamente es impulsada públicamente por una senadora de Morena. Quién se ostenta como víctima y que ha utilizado el asunto contra Tere Jiménez desde la elección del 2022.

La propia cobertura nacional reciente reconoce que el caso ha adquirido una creciente dimensión política conforme se aproxima la elección estatal de 2027.

CINCO EXFUNCIONARIOS EN LA MIRA

La investigación federal ha alcanzado públicamente a cinco antiguos funcionarios municipales:

Jaime Gerardo Beltrán Martínez, exsecretario del Ayuntamiento.

Alfredo Martín Cervantes García, exsecretario de Finanzas.

Mónica Marcela Díaz Aranda, entonces responsable del área de Administración.

Luis Alberto Rivera Vargas, exsíndico procurador.

Rodolfo Téllez Moreno, exsecretario de Servicios Públicos.

Está documentado periodísticamente que fueron citados por la FGR en julio dentro de la investigación relacionada con Next Energy.

Pero aquí comienza una diferencia procesal que resulta indispensable explicar.

UN CITATORIO DE LA FGR NO ES UNA AUDIENCIA ANTE UN JUEZ

Los registros a los que Péndulo Informativo a tenido acceso y que hemos analizado detalladamente. apuntan inicialmente a comparecencias ante el Ministerio Público Federal, NO a citatorios judiciales para una audiencia inicial ante juez de control.

Y ambas cosas son jurídicamente DIFERENTES.

Comparecer ante el Ministerio Público dentro de una carpeta de investigación NO significa haber sido llevado ante un juez y declarado culpable.

TAMPOCO significa que exista automáticamente una orden de aprehensión.

Diversas publicaciones han utilizado términos como “imputados”, “acusados” y “judicializados”. El País, por ejemplo, publicó el 3 de agosto que la FGR había imputado a los cinco y atribuyó a fuentes federales información sobre la teoría del caso.

Esa información es periodísticamente relevante.

Pero es una versión atribuida a fuentes, que NO sustituye la constancia jurisdiccional.

Hasta ahora, en nuestra revisión, no hemos localizado públicamente el número de causa penal que permita reconstruir directamente esa eventual judicialización, el citatorio judicial correspondiente o una resolución de vinculación a proceso contra los cinco.

Por ello, no resulta riguroso presentar esos extremos como hechos judicialmente comprobados mientras no aparezcan las constancias.

LOS AMPAROS NO SON ÓRDENES DE APREHENSIÓN

Los cinco exfuncionarios promovieron juicios de amparo durante julio.

Los expedientes que hemos identificado y estudiado son:

875/2026 — Alfredo Martín Cervantes García

880/2026 — Mónica Marcela Díaz Aranda

886/2026 — Rodolfo Téllez Moreno

895/2026 — Luis Alberto Rivera Vargas

904/2026 — Jaime Gerardo Beltrán Martínez

En algunos registros aparecen jueces del Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, señalados como autoridades responsables.

Pero eso no demuestra por sí mismo que esos jueces hayan librado órdenes de aprehensión.

La estructura que hemos encontrado es compatible con los llamados amparos preventivos o “buscadores”: frente a la posibilidad de un acto restrictivo de libertad, las defensas señalan diversas autoridades que potencialmente podrían haberlo emitido y el juez de amparo solicita informes.

Precisamente hemos localizado registros de informes previos e informes justificados solicitados o rendidos por autoridades judiciales.

Lo que todavía no tenemos es el contenido íntegro de esos informes para determinar si reconocieron o negaron los actos reclamados.

Por tanto:

ampararse no demuestra que existiera una orden de aprehensión.

Y mucho menos demuestra culpabilidad.

INVESTIGAR NO ES CONDENAR

Ésta debería ser una regla elemental en cualquier cobertura judicial.

Que la FGR investigue a un funcionario NO significa que sea culpable.

Que lo cite no significa que esté vinculado a proceso.

Que promueva un amparo no significa que exista una orden de aprehensión.

Y que la ASF encuentre irregularidades administrativas tampoco significa que exista automáticamente responsabilidad penal.

Precisamente por eso resulta importante conocer qué elementos tiene realmente la Fiscalía.

Si existen pruebas suficientes para sostener una imputación, deberán exponerse ante un juez.

Si existe una causa penal, debe poder identificarse.

Y si existe una vinculación a proceso, habrá una resolución jurisdiccional que la sustente.

Mientras tanto, la investigación no puede convertirse políticamente en una sentencia anticipada.

NORA PUEDE DENUNCIAR; ESO NO LA CONVIERTE AUTOMÁTICAMENTE EN VÍCTIMA

Existe además otra cuestión jurídica que merece atención.

Nora Ruvalcaba tiene pleno derecho a denunciar.

Cualquier persona puede poner en conocimiento del Ministerio Público hechos que considere posiblemente constitutivos de delito.

Pero presentar una denuncia no convierte automáticamente al denunciante en víctima u ofendido.

El artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que víctima es quien resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva y considera ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro.

Por eso resulta indispensable determinar documentalmente qué calidad procesal tiene Nora dentro de la carpeta de investigación.

Si únicamente es denunciante, sus facultades procesales no son las mismas que las de una víctima u ofendido.

Y si la FGR le reconoció una calidad distinta, debe existir una determinación que explique el fundamento jurídico.

¿Y EL MUNICIPIO?

La cuestión resulta todavía más interesante porque el propio Municipio de Aguascalientes ha buscado intervenir en la investigación alegando una posible afectación patrimonial.

Si la teoría del delito consiste en que hubo un menoscabo al patrimonio municipal, existe una pregunta jurídica elemental:

¿quién es el titular del bien jurídico presuntamente lesionado?

Y si la FGR sostiene que la afectación corresponde a recursos federales, entonces deben contestarse otras:

¿Qué recursos federales?

¿Qué monto?

¿Qué operación?

¿Qué autoridad federal identificó el menoscabo?

¿La Auditoría Superior de la Federación presentó una denuncia penal derivada de esos hechos?

Hasta ahora, la auditoría realizada al caso Next Energy por la Auditoría Superior de la Federación. NO contiene una determinación estableciendo que los cinco exfuncionarios desviaron recursos para financiar campañas políticas y que deben ser llevados ante una autoridad judicial. Ni mucho menos que la gobernadora Panita distrajo recursos para un beneficio propio.

EL SALTO ENTRE LO DOCUMENTADO Y LO QUE AFIRMA NORA

Aquí está el corazón del asunto.

La Auditoria Superior de la Federación documenta irregularidades.

La FGR investiga.

Los exfuncionarios fueron citados.

Existen amparos.

Todo eso puede documentarse.

Pero Nora Ruvalcaba da un paso adicional:

afirma que hubo robo y sostiene que dinero relacionado con Next Energy terminó financiando campañas de Teresa Jiménez.

Ese último tramo necesita sus propias pruebas.

No puede construirse sumando los anteriores.

Una auditoría + una carpeta + cinco citatorios + cinco amparos no equivalen matemáticamente a financiamiento ilegal de una campaña.

Para sostener esa acusación debe aparecer la ruta del dinero.

NEXT ENERGY: DOS HISTORIAS QUE CORREN PARALELAS

Hoy existen en realidad dos historias alrededor de Next Energy.

La primera es jurídica y merece llegar hasta sus últimas consecuencias:

¿qué ocurrió con el contrato, qué incumplimientos existieron, dónde terminaron los recursos y quién debe responder si hubo delitos?

La segunda es política:

¿cómo ha utilizado Nora Ruvalcaba este expediente para confrontar a Teresa Jiménez y posicionarse políticamente desde 2022 hasta la antesala de 2027?

Las dos historias pueden coexistir.

Reconocer la utilización política de Next Energy no significa negar posibles irregularidades.

Y reconocer las irregularidades tampoco significa aceptar como verdaderas todas las acusaciones formuladas alrededor del caso.

EL CALENDARIO POLÍTICO NO PUEDE IGNORARSE

La secuencia es reveladora:

2022: Nora Ruvalcaba disputa la gubernatura contra Teresa Jiménez y Next Energy forma parte de su ofensiva política.

2025: lleva el caso al Senado mientras se procesa la designación de la nueva titular de la FGR.

3 de diciembre de 2025: Ernestina Godoy es designada fiscal general.

2026: la FGR reactiva actuaciones relacionadas con el expediente y cita a cinco antiguos funcionarios.

2026: Nora vuelve a colocar Next Energy en el centro de su discurso contra Tere Jiménez.

2027: Aguascalientes elegirá gobernador.

La secuencia no demuestra una operación electoral de la FGR.

Pero sí demuestra que una investigación penal con enorme capacidad para impactar políticamente al gobierno de Tere Jiménez avanza al mismo tiempo que Nora Ruvalcaba utiliza ese expediente como uno de sus principales instrumentos de confrontación.

Por eso la imparcialidad de la Fiscalía no solamente debe existir.

Debe poder demostrarse.

LAS PRUEBAS, NO LA PROPAGANDA

Next Energy debe investigarse.

Si empresarios defraudaron al Municipio, deben responder.

Si funcionarios cometieron delitos, deben ser procesados.

Si hubo recursos federales desviados, debe reconstruirse su destino.

Y si efectivamente dinero relacionado con Next Energy terminó financiando ilegalmente campañas políticas, quienes participaron deben enfrentar las consecuencias correspondientes.

Pero primero hay que probarlo.

Porque una auditoría no es una sentencia.

Una carpeta de investigación no es una condena.

Un citatorio ministerial no es una audiencia judicial.

Un amparo no demuestra que exista una orden de aprehensión.

Y una acusación política repetida durante cuatro años no se convierte en prueba por acumulación o verdad absoluta.

Nora Ruvalcaba tiene derecho a denunciar, cuestionar al gobierno y aspirar políticamente a gobernar Aguascalientes.

Pero cuando sostiene que recursos públicos terminaron financiando campañas de su principal adversaria política, también debe responder una pregunta elemental:

¿dónde están las pruebas?

Y la FGR tiene una responsabilidad todavía mayor: garantizar que una investigación penal con capacidad para alterar el escenario político de Aguascalientes avance exclusivamente sobre hechos y pruebas, sin confundirse con los intereses electorales de quienes públicamente la impulsan y se ostentantan como dueños de la justicia y las instituciones.

Porque después de cuatro años de acusaciones, auditorías, denuncias y confrontación política, Next Energy ya tiene dos expedientes:

uno se investiga en las instituciones.

El otro se disputa en la carrera por la gubernatura de Aguascalientes.

Y rumbo a 2027, ambos terminan conduciendo a la misma pregunta:

¿HASTA DÓNDE LLEGAN LAS PRUEBAS Y DÓNDE COMIENZA LA CAMPAÑA?

Pretender ganar una elección golpeando al rival con una narrativa añeja, colmada de vicios y amenazas, no significa tener capacidad para gobernar ni, mucho menos, demuestra superioridad.

Lo que sí puede evidenciar es desesperación y una obsesión por alcanzar el poder a costa de lo que sea.

Así se perfilan las ambiciones de la morenista Nora Ruvalcaba, en su cuarto intento por concretar su atorado sueño de gobernar Aguascalientes.

Será el tiempo el que determine para qué están hechas las instituciones: si para procurar justicia con independencia e imparcialidad, o para convertirse en instrumentos al servicio de intereses políticos y electorales.

México #Morena #FGR #Politica