🔴#FGJA| FISCALÍA PRESUME EFICIENCIA, PERO ADMINISTRA SILENCIO y OPACIDAD
🔹️Fiscalía de Aguascalientes, no sabe —o no quiere decir— dónde ocurren los delitos sexuales, quiénes los cometen y de qué mueren las personas bajo su custodia pericial, no puede llamarse eficiente. Puede ser hábil en el discurso, prolija en las presentaciones y elocuente en los congresos, pero la justicia no se mide por lo bien que se habla de ella, sino por lo bien que se ejerce y se administra.
Por: María Martínez
Aguascalientes Ags.a 15 de Enero, 2026
En Aguascalientes hay una Fiscalía que se exhibe como moderna, eficaz y referente nacional en congresos, foros y encuentros con autoridades de otros estados y otros países. Pero hay otra Fiscalía —la real— que aparece cuando se revisan sus respuestas oficiales, cuando se solicita información pública y cuando se confronta el discurso con los hechos. Esa Fiscalía es opaca, desordenada y profundamente preocupante.
El periodista Carlos Gutiérrez volvió a poner el dedo en la llaga en su columna Epicentro de Noticen: la llamada “Nueva Fiscalía”, encabezada por Manuel Alonso, no solo evade la rendición de cuentas, sino que parece incapaz de explicar qué investiga, cómo lo investiga y con qué resultados.
La evidencia no proviene de filtraciones ni de versiones extraoficiales. Proviene de la propia Fiscalía, de sus respuestas formales a solicitudes de acceso a la información. Y eso es lo más grave.
Ante una petición clara sobre delitos sexuales cometidos en el transporte público, privado y en plataformas digitales —con preguntas básicas sobre número de carpetas, estatus procesal, perfil de víctimas, imputados conductores, sanciones a empresas, protocolos y recursos— la Fiscalía respondió que no puede entregar la información porque “el transporte no es un tipo penal”.
El argumento es falso. El contexto de los hechos forma parte de cualquier carpeta de investigación. No clasificar por contexto no es una imposibilidad legal, es una decisión administrativa. Peor aún, la Fiscalía reconoce que no cuenta con registros sistematizados sobre ese contexto. En otras palabras: no sabe —o dice no saber— dónde ocurren los delitos sexuales ni bajo qué condiciones.
La Ley de Transparencia no exige orden previo; exige entrega de la información que exista. Cuando una autoridad responde que no puede informar porque “no sistematiza”, lo que está confesando es desorden, negligencia o ambas.
El dato más alarmante es la admisión de que no existen protocolos específicos para atender delitos sexuales vinculados al transporte. En un estado donde miles de mujeres, jóvenes y niñas dependen diariamente de estos servicios, la Fiscalía acepta que no tiene una ruta clara para atender una de las violencias más graves.
No es una falla técnica: es una omisión institucional que pone en riesgo a las víctimas. Mientras en el discurso, el Físcal afirma que ningún delito contra las mujer quedará impune, en la realidad ni siquiera saben cuantas mujeres son violentadas.
Pero la opacidad no termina ahí.
En once meses de 2025, Servicios Periciales de la Fiscalía practicaron más de 730 necropsias. Conforme al artículo 271 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una necropsia médico-legal solo se realiza cuando existe presunción de muerte no natural: homicidio, suicidio, accidente o fallecimiento sospechoso. Cada una de esas necropsias implicó una investigación penal.
Aun así, la Fiscalía respondió que solo registra el número total de necropsias, no la causa de muerte. Cuenta cuerpos, pero se niega a decir cómo murieron.
Esta postura no es creíble ni jurídicamente defendible. La necropsia médico-legal culmina necesariamente en un dictamen pericial que establece la causa de muerte. Ese dictamen existe, se integra a una carpeta de investigación y define líneas de responsabilidad. Negar su sistematización no es una limitación técnica: es una decisión política de ocultamiento.
Y aquí está el fondo del problema.
Una Fiscalía que no sabe —o no quiere decir— dónde ocurren los delitos sexuales, quiénes los cometen y de qué mueren las personas bajo su custodia pericial, no puede llamarse eficiente. Puede ser hábil en el discurso, prolija en las presentaciones y elocuente en los congresos, pero la eficiencia no se acredita con aplausos ni con power points.
La eficiencia se demuestra con datos públicos, con información verificable, con protocolos claros y con rendición de cuentas. Se demuestra cuando una institución puede responder preguntas básicas sin evasivas ni pretextos legales mal construidos.
Mientras el fiscal siga recorriendo foros presumiendo resultados que no puede documentar, y su institución siga administrando el silencio como política pública, la brecha entre el discurso y la realidad será insostenible. La justicia no se mide por lo bien que se habla de ella, sino por lo bien que se ejerce.
Y hoy, frente a estas respuestas oficiales, la conclusión es incómoda pero inevitable: en Aguascalientes no estamos ante una Fiscalía eficiente, sino ante una Fiscalía que confunde propaganda con justicia y silencio con eficacia.
