🔴#Corrupción | #USURA, DESPOJO Y SILENCIO INTITUCIONAL: EL RASTRO DE RICARDO GRANADOS ESPINO EN #AGUASCALIENTES
🔹️Bajo la máscara de empresario, Ricardo Granados Espino habría operado un esquema de usura que convierte la necesidad en despojo: víctimas sin patrimonio, propiedades acumuladas y una red de omisiones que apunta a fallas graves —o complicidades— de autoridades fiscales, judiciales y ministeriales.
Por: María Martínez
Aguascalientes, Ags.a 29 de Enero, a 2026
Ricardo Granados Espino se ostenta como empresario dedicado a la renta de montacargas y plataformas de elevación en Aguascalientes. Sin embargo, testimonios directos, documentos notariales y registros públicos revelan un patrón que va más allá de la actividad industrial: préstamos con intereses elevados, garantías inmobiliarias desproporcionadas y la posterior pérdida del patrimonio de personas en situación de vulnerabilidad.
Esta investigación periodística documenta uno de los múltiples casos que han comenzado a emerger en juzgados y registros públicos, y que plantean serias dudas sobre la legalidad del origen de su patrimonio inmobiliario.
El caso de “Juana ”: enfermedad, deuda y pérdida del patrimonio
Juana —nombre ficticio para proteger su identidad— enfrentó una enfermedad progresiva que deterioró severamente su vista. Los gastos médicos y la presión de una deuda automotriz la colocaron en una situación límite. Fue entonces cuando, por recomendación de terceros, acudió a quien le describieron como un “empresario confiable”.
“Le pedí 100 mil pesos —relata—. Me dijo que solo llevara mis escrituras como garantía, que no habría problema y que me las devolvería al pagar”.
Los documentos correspondían a dos terrenos heredados por su padre, ubicados en el municipio de Jesús María, con un alto valor emocional y patrimonial. A cambio del préstamo, Juana firmó pagarés con un interés del 5 por ciento mensual, más un 5 por ciento adicional por cada día de retraso, condiciones que, de confirmarse, rebasarían ampliamente los límites legales establecidos en Aguascalientes.
Juana asegura haber pagado puntualmente capital e intereses. No obstante, al solicitar la devolución de sus escrituras, recibió una respuesta inesperada: los predios ya se encontraban embargados, sin que —afirma— hubiera recibido citatorio judicial, notificación o emplazamiento previo.
De acreedor a comprador: la operación final
Según su testimonio, Granados Espino le propuso una “salida”: venderle los terrenos y recibir el pago en abonos. La operación se formalizó ante notario público, pese a que los predios se encontraban embargados.
El precio pactado fue de 2 mil pesos por metro cuadrado, cuando posteriormente Juana supo que el valor comercial real superaba los 5 mil pesos por metro en la zona.
“Ya no tenía opción. Mi salud empeoraba y lo único que quería era tranquilidad”, relata.
Un patrón que se repite
El caso de Juana no sería aislado. Consultas en listados judiciales y testimonios recabados apuntan a más personas que habrían perdido propiedades tras operaciones similares, lo que plantea interrogantes de fondo:
¿Qué mecanismos legales se utilizaron para embargar bienes sin notificación efectiva?
¿Cómo se protocolizaron compraventas de predios embargados?
¿Por qué la rapidez judicial en algunos procedimientos contrasta con la falta de aviso a los afectados?
¿Es legal prestar dinero con intereses que, anualizados, podrían superar el umbral considerado usura por la legislación local?
El marco fiscal y la pregunta clave
De acuerdo con registros fiscales, Ricardo Granados Espino está inscrito ante el SAT como persona física con actividades empresariales, además de tributar en regímenes de arrendamiento, intereses y dividendos.
Especialistas consultados advierten que recibir intereses por inversiones financieras es legal, pero operar como prestamista habitual sin autorización y sin declarar la actividad financiera no lo es.
La ley es clara: prestar dinero de forma sistemática y lucrativa requiere estar expresamente autorizado y registrado. De lo contrario, los ingresos pueden ser reclasificados y dar pie a responsabilidades fiscales y penales.
Un patrimonio inmobiliario en expansión
Información del Registro Público de la Propiedad revela que hasta inicios de 2025, Ricardo Granados Espino acumulaba al menos diez bienes inmuebles en Aguascalientes y Jesús María, entre locales comerciales, lotes y predios urbanos, adquiridos entre 2016 y 2024.
El crecimiento patrimonial contrasta con la actividad declarada de renta de montacargas y abre otra línea de investigación: el origen de los recursos utilizados para dichas adquisiciones.
Llamado a las autoridades
Este caso plantea un problema estructural que va más allá de un nombre propio.
Corresponde ahora a las autoridades hacendarias, judiciales y ministeriales determinar:
Si existen prácticas de usura, delito que se configura cuando se cobran intereses desproporcionados aprovechando la necesidad del deudor.
Si hubo irregularidades notariales o judiciales.
Si el origen de los recursos y las operaciones financieras cumplen con la ley.
Mientras tanto, las víctimas comienzan a alzar la voz. Y los expedientes, lejos de cerrarse, siguen acumulándose.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado la apertura de investigaciones de oficio, pese a que los elementos descritos —ingresos por intereses, transmisión de inmuebles, procesos judiciales reiterados y testimonios coincidentes— ameritan una revisión exhaustiva por parte del SAT, la Fiscalía y el Poder Judicial del estado; En contrario, pareciera que Granados Espino goza del acompañamiento institucional del poder judicial y ministerial que legalizan lo ilegal y permiten que el empresario usurero incremente su fortuna a costa del patrimonio de personas vulnerables que han sido víctimas de sus abusos por necesidad.
El silencio también es complicidad
Cada pagaré firmado bajo presión, cada escritura entregada como garantía y cada terreno perdido sin notificación efectiva no son accidentes administrativos, sino señales de un sistema que permite que el despojo se disfrace de “negocio”.
Si las autoridades fiscales, judiciales y ministeriales no investigan de oficio, el mensaje es claro: en Aguascalientes la necesidad puede convertirse en mercancía, la enfermedad en oportunidad y el patrimonio de los más vulnerables en botín.
La pregunta ya no es si existen elementos suficientes para investigar, sino quién asumirá el costo político y legal de estos abusos.
