🔴#CJNG| #GRAVE ACUSACIÓN DE #EEUU AL CJNG: ACUSA A JUAN CARLOS VALENCIA EL «03» O «EL #PELON» Y SU CUPULA DE TRÁFICO ARMAS DE GUERRA, #FENTANILO, FRAUDE INTERNACIONAL Y #TERROR
🔹️El Departamento de acusación del gobierno estadounidense en poder de Péndulo Informativo sostiene que seis presuntos integrantes de la cúpula del Cártel Jalisco Nueva Generación encabezaron durante años una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, el lavado de dinero y un sofisticado fraude contra ciudadanos estadounidenses. Según el Departamento de Justicia, cinco hombres y una mujer integraban una organización que inundó de cocaína, metanfetamina, heroína y fentanilo el mercado estadounidense, provocando un grave daño a la salud pública y contribuyendo a que el CJNG fuera designado por Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera.
Por: María Martínez
Ciudad de México, a 5 de Agosto, 2026
Documentos oficiales en poder de Péndulo Informativo revelan los detalles de la acusación federal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra seis presuntos integrantes de la cúpula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que, tras la muerte de su fundador Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho», quedó bajo el liderazgo de Juan Carlos Valencia González, alias «El Pelón» o «El 03», identificado por las autoridades estadounidenses como el nuevo jefe del cártel.
La acusación formal, presentada el 5 de agosto ante la Corte Federal del Distrito de Columbia, dentro del caso United States vs. Julio César Montero Pinzón et al., ofrece una radiografía sin precedentes de la estructura criminal del CJNG y describe una organización que, según los fiscales, evolucionó de un grupo dedicado al narcotráfico a una empresa criminal transnacional con capacidad para combinar violencia armada, lavado de dinero, fraude financiero internacional y operaciones de apoyo material a una organización considerada terrorista por Estados Unidos.
Aunque el expediente se centra en Julio César Montero Pinzón, alias «El Tarjetas»; Carlos Andrés Rivera Varela, alias «La Firma»; Griselda Margarita Arredondo Pinzón; Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias «El Sapo»; Ricardo Ruiz Velasco, alias «RR» o «El Tripa»; y Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias «El Chorro», el documento ubica a Juan Carlos Valencia González como el actual máximo dirigente del CJNG tras la muerte de «El Mencho».
Los seis enfrentan diversos cargos federales por conspiración para fabricar y distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y fentanilo destinados al mercado estadounidense; utilización de armas de fuego y dispositivos destructivos durante actividades de narcotráfico; lavado internacional de dinero; fraude electrónico; conspiración para cometer fraude; y, en algunos casos, apoyo material a una Organización Terrorista Extranjera.
Según el expediente, Montero Pinzón y Rivera Varela ocuparon posiciones estratégicas dentro de la estructura operativa del CJNG al dirigir el denominado Grupo Élite, considerado por el Departamento de Justicia como el brazo armado encargado de proteger los intereses del cártel mediante el uso sistemático de la violencia.
La Fiscalía sostiene que ambos comandaban un contingente integrado por más de mil sicarios, responsables de controlar la Plaza de Guadalajara, considerada uno de los territorios más importantes para la organización criminal, desde donde coordinaban operaciones de narcotráfico, control territorial, homicidios contra grupos rivales y ataques dirigidos contra funcionarios públicos.
De acuerdo con la acusación, el Grupo Élite administraba además campamentos de entrenamiento donde los reclutas recibían instrucción en el manejo de armamento de alto poder, incluidos lanzacohetes, ametralladoras calibre .50, armas automáticas, granadas propulsadas por cohete (RPG) y otras armas de guerra. Según el escrito de acusación, los integrantes también eran adiestrados en técnicas de violencia y tortura como mecanismos para consolidar el dominio territorial del cártel.
Pero, según el Departamento de Justicia, las actividades del CJNG iban mucho más allá del narcotráfico.
El expediente sostiene que la organización desarrolló una compleja estructura internacional destinada a obtener millones de dólares mediante esquemas de fraude financiero dirigidos contra ciudadanos estadounidenses propietarios de tiempos compartidos en México.
Esta investigación constituye uno de los expedientes más amplios mediante los cuales el Departamento de Justicia vincula presuntas operaciones de fraude financiero internacional con el financiamiento de una organización designada por Estados Unidos como terrorista.
La acusación sostiene que los recursos obtenidos mediante estos engaños fortalecían las capacidades operativas del CJNG y complementaban las ganancias provenientes del narcotráfico internacional.
Para los fiscales estadounidenses, el caso demuestra la transformación del CJNG en una organización criminal con capacidad para combinar violencia armada, entrenamiento paramilitar, operaciones financieras sofisticadas, lavado de dinero y fraude internacional bajo una misma estructura de mando.
🔹️EL ESQUEMA MILLONARIO DE FRAUDE QUE, SEGÚN ESTADOS UNIDOS, FINANCIÓ AL #CJNG
Según el documento en poder de Péndulo Informativo, la acusación sostiene que el Cártel Jalisco Nueva Generación no sólo obtuvo recursos mediante el tráfico internacional de cocaína, metanfetamina, heroína y fentanilo.
De acuerdo con los fiscales federales, la organización desarrolló además una sofisticada estructura internacional dedicada al fraude financiero, diseñada para obtener millones de dólares de ciudadanos estadounidenses mediante engaños relacionados con propiedades vacacionales o timeshares en México.
El expediente señala que este esquema funcionó durante varios años y permitió generar importantes recursos económicos para la organización criminal, recursos que posteriormente eran lavados e incorporados a las operaciones del CJNG.
La acusación identifica como responsables principales de esta estructura a Julio César Montero Pinzón, alias «El Tarjetas»; Carlos Andrés Rivera Varela, alias «La Firma»; y Griselda Margarita Arredondo Pinzón, media hermana de Montero Pinzón.
CÓMO OPERABA EL FRAUDE
Según el Departamento de Justicia, el mecanismo comenzaba con la obtención de información personal de ciudadanos estadounidenses propietarios de tiempos compartidos ubicados en centros turísticos mexicanos.
Posteriormente, integrantes de la organización contactaban telefónicamente a las víctimas.
Los operadores afirmaban representar empresas inmobiliarias, firmas de inversión, despachos jurídicos, compañías especializadas en bienes raíces o supuestos compradores interesados en adquirir inmediatamente el tiempo compartido.
Los fiscales sostienen que el objetivo era convencer a las víctimas de que existía una oferta real por su propiedad.
Una vez que el propietario aceptaba vender, comenzaba una segunda fase del fraude.
Los operadores aseguraban que para concretar la venta era indispensable realizar diversos pagos anticipados.
Entre ellos mencionaban:
impuestos federales;
contribuciones fiscales mexicanas;
gastos notariales;
honorarios legales;
permisos gubernamentales;
costos de transferencia bancaria;
seguros internacionales;
cuotas administrativas;
certificaciones inmobiliarias;
derechos registrales;
comisiones por cierre de operación.
Cada vez que la víctima realizaba un depósito, aparecía un nuevo supuesto requisito financiero.
En numerosos casos, las personas efectuaban múltiples transferencias convencidas de que estaban a punto de recibir el pago por la venta de su propiedad.
Sin embargo, de acuerdo con la acusación, la operación nunca existía.
El comprador era ficticio.
Las empresas eran utilizadas únicamente para sostener el engaño.
Y el dinero terminaba bajo control de integrantes del CJNG.
MILLONES DE DÓLARES OBTENIDOS MEDIANTE EL ENGAÑO
Aunque la acusación no cuantifica el monto total obtenido por esta conspiración específica, el Departamento de Justicia señala que miles de ciudadanos estadounidenses fueron víctimas de este tipo de fraude.
En procedimientos relacionados, las autoridades estadounidenses han señalado pérdidas acumuladas por cientos de millones de dólares derivadas de esquemas similares operados desde México.
La Fiscalía sostiene que estos recursos constituían una fuente adicional de financiamiento para el CJNG, permitiéndole diversificar sus ingresos más allá del narcotráfico.
EL PAPEL DE «EL TARJETAS»
La acusación describe a Julio César Montero Pinzón como uno de los dirigentes del Grupo Élite del CJNG.
Sin embargo, además de sus funciones dentro de la estructura armada del cártel, los fiscales sostienen que también coordinaba aspectos financieros del esquema de fraude.
Según el expediente, participó en la administración y supervisión de la conspiración para obtener dinero mediante engaños a ciudadanos estadounidenses.
Por ello enfrenta cargos relacionados con:
conspiración para cometer fraude electrónico;
conspiración para lavado de dinero;
lavado internacional de recursos;
apoyo material a una organización terrorista extranjera.
Los fiscales consideran que las ganancias obtenidas mediante este mecanismo fortalecían directamente las operaciones del CJNG.
«LA FIRMA», OTRO OPERADOR CLAVE
La acusación también atribuye un papel relevante a Carlos Andrés Rivera Varela, alias «La Firma».
De acuerdo con el Departamento de Justicia, además de dirigir operaciones del Grupo Élite, colaboró con Montero Pinzón en la organización y funcionamiento del fraude de tiempos compartidos.
Los fiscales sostienen que Rivera Varela ayudó a coordinar tanto la estructura criminal como los mecanismos financieros utilizados para ocultar el origen ilícito del dinero.
Por ello enfrenta cargos por:
conspiración para lavado de dinero;
apoyo material a organización terrorista extranjera;
participación en el esquema internacional de fraude.
🔹️LA PARTICIPACIÓN DE GRISELDA ARREDONDO PINZÓN
La acusación incorpora también a Griselda Margarita Arredondo Pinzón, media hermana de «El Tarjetas».
Según el documento judicial, desempeñó funciones dentro del esquema financiero encargado de administrar recursos obtenidos mediante el fraude.
Los fiscales sostienen que colaboró directamente en operaciones destinadas a mover y ocultar dinero procedente de las víctimas estadounidenses.
Por ello fue acusada de:
conspiración para cometer fraude electrónico;
conspiración para lavado de dinero.
El Departamento de Justicia considera que su participación permitió facilitar la circulación de recursos obtenidos ilícitamente dentro de la estructura económica del CJNG.
🔹️UN CAMBIO EN LA ESTRATEGIA DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
Uno de los aspectos más relevantes de la acusación es que muestra un cambio importante en la forma en que Estados Unidos persigue a los cárteles mexicanos.
La investigación ya no se limita al tráfico de drogas.
La Fiscalía sostiene que organizaciones como el CJNG funcionan como corporaciones criminales diversificadas que combinan narcotráfico, fraude financiero internacional, lavado de dinero y apoyo material a organizaciones catalogadas como terroristas.
Por ello, el caso fue integrado por fiscales especializados en narcóticos, lavado de dinero, decomiso de activos, fraude financiero y terrorismo.
Según el expediente, el objetivo no es únicamente procesar a los responsables de introducir drogas a Estados Unidos, sino desmantelar toda la estructura financiera que permite al CJNG mantener su capacidad operativa, adquirir armamento, pagar sicarios, corromper funcionarios y expandir su influencia criminal.
🔹️EL GRUPO #ÉLITE: EL BRAZO ARMADO QUE, SEGÚN LA ACUSACIÓN, IMPUSO EL PODER DEL #CJNG
La acusación federal sostiene que una de las principales fortalezas del Cártel Jalisco Nueva Generación fue la creación de una estructura armada altamente especializada encargada de proteger los intereses de la organización mediante el uso sistemático de la violencia.
Según el Departamento de Justicia, esa estructura fue el Grupo Élite, una organización integrada por sicarios con entrenamiento táctico y militar que operaba bajo el mando directo de algunos de los principales líderes del CJNG.
Los fiscales identifican como sus principales dirigentes a Julio César Montero Pinzón, alias «El Tarjetas», y Carlos Andrés Rivera Varela, alias «La Firma», quienes presuntamente fundaron y dirigieron esta organización por instrucciones de Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho».
MÁS DE MIL HOMBRES BAJO SU MANDO
La acusación sostiene que Montero Pinzón y Rivera Varela llegaron a tener más de mil integrantes bajo su mando, conformando uno de los grupos armados más grandes y mejor organizados dentro del CJNG.
Los fiscales afirman que ambos eran responsables de coordinar las operaciones del Grupo Élite y supervisar el control de la Plaza de Guadalajara, considerada uno de los territorios estratégicos más importantes para la organización criminal.
Desde esa plaza —señala el expediente— dirigían actividades relacionadas con:
tráfico internacional de drogas;
control territorial;
seguridad de laboratorios clandestinos;
protección de cargamentos;
cobro de extorsiones;
ataques contra organizaciones rivales;
asesinatos selectivos;
homicidios de funcionarios públicos.
CAMPAMENTOS DE ENTRENAMIENTO
Uno de los apartados más relevantes de la acusación describe la existencia de campamentos utilizados por el Grupo Élite para preparar a nuevos sicarios.
De acuerdo con la Fiscalía, en esos centros los reclutas recibían instrucción especializada para convertirse en operadores armados del CJNG.
Los documentos judiciales señalan que eran capacitados en:
manejo de fusiles de asalto;
uso de ametralladoras calibre .50;
empleo de lanzacohetes;
utilización de granadas propulsadas por cohete (RPG);
tácticas de combate;
emboscadas;
control territorial;
operaciones ofensivas.
Además del entrenamiento militar, la acusación afirma que los reclutas eran instruidos en el uso de la violencia extrema y la tortura como mecanismos para fortalecer el dominio del cártel e intimidar tanto a organizaciones rivales como a autoridades y población civil.
Según los fiscales, estos campamentos formaban parte del proceso de profesionalización de la organización criminal.
EL BRAZO ARMADO DEL CJNG
La acusación sostiene que el Grupo Élite actuaba como el principal brazo de ejecución del CJNG.
Entre sus funciones presuntamente se encontraban:
proteger los intereses del cártel;
ejecutar órdenes de los principales líderes;
recuperar territorios disputados;
eliminar rivales;
atacar a funcionarios públicos;
brindar seguridad a dirigentes de la organización;
custodiar laboratorios clandestinos;
garantizar el traslado de cargamentos de droga.
Los fiscales consideran que la estructura operaba bajo una disciplina militar y mantenía una cadena de mando claramente definida.
EL CONTROL DE LA PLAZA DE GUADALAJARA
El documento judicial sostiene que Montero Pinzón y Rivera Varela dirigían una de las plazas más importantes del CJNG.
La Plaza de Guadalajara era considerada estratégica por concentrar infraestructura logística, centros financieros, rutas de abastecimiento y enlaces operativos utilizados por la organización.
Desde ese territorio —afirma la acusación— se coordinaban operaciones de narcotráfico, distribución de armamento, movimientos de dinero y actividades de expansión hacia otras regiones del país.
VIOLENCIA COMO MÉTODO DE CONTROL
La Fiscalía estadounidense sostiene que el Grupo Élite utilizó la violencia como una herramienta permanente para conservar el control territorial.
Entre las actividades atribuidas a esta estructura se encuentran:
asesinatos;
ataques armados;
secuestros;
intimidación;
ejecución de integrantes de grupos rivales;
agresiones contra servidores públicos.
Los fiscales sostienen que estas acciones buscaban asegurar el funcionamiento de las operaciones del CJNG y eliminar cualquier obstáculo para sus actividades criminales.
UNA ORGANIZACIÓN MILITARIZADA
Uno de los elementos que más llama la atención de la acusación es la descripción del nivel de organización del Grupo Élite.
El documento sostiene que no se trataba únicamente de un grupo de sicarios, sino de una estructura con capacidades similares a una fuerza paramilitar.
Los fiscales describen una organización capaz de movilizar grandes cantidades de personal armado, administrar territorios completos, operar centros de entrenamiento y coordinar operaciones simultáneas en distintas regiones de México.
LA BASE DEL PODER DEL CJNG
Para el Departamento de Justicia, el Grupo Élite representó durante años uno de los principales instrumentos que permitió al CJNG expandirse territorialmente y consolidarse como una de las organizaciones criminales más poderosas de México.
La acusación sostiene que la combinación de disciplina operativa, entrenamiento militar, acceso a armamento de guerra y una estructura jerárquica permitió al cártel mantener el control de amplias zonas del país mientras desarrollaba paralelamente redes internacionales de narcotráfico, lavado de dinero y fraude financiero.
Por ello, la Fiscalía considera que el procesamiento de sus presuntos dirigentes constituye una pieza central en la estrategia de Estados Unidos para desarticular la estructura de mando del CJNG y reducir su capacidad operativa tanto en México como en territorio estadounidense.
🔹️LA ACUSACIÓN SOSTIENE QUE EL CJNG OPERABA COMO UNA EMPRESA CRIMINAL TRANSNACIONAL: NARCOTRÁFICO, ARMAS, LAVADO DE DINERO Y APOYO MATERIAL A UNA ORGANIZACIÓN TERRORISTA
Para los fiscales estadounidenses, la importancia de este caso no radica únicamente en los delitos atribuidos a los acusados, sino en la forma en que describen el funcionamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación.
La acusación sostiene que el CJNG evolucionó hasta convertirse en una organización criminal transnacional con una estructura jerárquica, capacidad financiera, disciplina militar y redes internacionales que le permitieron producir, transportar y distribuir toneladas de drogas ilícitas hacia Estados Unidos durante más de una década.
Según el documento judicial, los acusados participaron en una conspiración permanente para fabricar y distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y fentanilo, sustancias destinadas al mercado estadounidense.
La Fiscalía sostiene que estas actividades generaron enormes ganancias económicas que posteriormente fueron utilizadas para fortalecer la capacidad operativa del cártel.
UNA RED QUE IBA MÁS ALLÁ DEL NARCOTRÁFICO
Uno de los aspectos centrales de la acusación es que el Departamento de Justicia sostiene que el CJNG no dependía exclusivamente de la venta de drogas.
El expediente afirma que la organización diversificó sus fuentes de financiamiento mediante distintos delitos que le permitían sostener sus operaciones y ampliar su influencia.
Entre ellos menciona:
narcotráfico internacional;
lavado de dinero;
fraude financiero;
adquisición ilegal de armamento;
pago de precursores químicos;
transporte internacional de cargamentos;
utilización de empresas y operadores financieros para ocultar recursos.
La Fiscalía considera que todas estas actividades formaban parte de una misma empresa criminal dirigida desde los niveles más altos del CJNG.
EL FENTANILO, UNA PRIORIDAD PARA LOS FISCALES
La acusación dedica especial atención al tráfico de fentanilo.
Los fiscales sostienen que varios de los acusados participaron directamente en la fabricación, transporte y distribución de esta droga sintética hacia territorio estadounidense.
De acuerdo con el expediente, las operaciones relacionadas con el fentanilo se desarrollaban junto con el tráfico de cocaína, heroína y metanfetamina, utilizando las mismas redes logísticas y de distribución.
La acusación señala que el objetivo era introducir grandes cantidades de narcóticos en Estados Unidos para su comercialización.
EL PAPEL DE LAS ARMAS
Otro elemento relevante del documento es el uso sistemático de armamento de alto poder.
La Fiscalía sostiene que los acusados utilizaron armas de fuego durante las actividades de narcotráfico y para proteger las operaciones del CJNG.
Entre el armamento mencionado en la acusación figuran:
fusiles de asalto;
armas semiautomáticas;
ametralladoras;
ametralladoras calibre .50;
armas automáticas;
lanzacohetes;
granadas propulsadas por cohete;
dispositivos destructivos.
Según el Departamento de Justicia, ese armamento era empleado tanto para enfrentar a organizaciones rivales como para proteger laboratorios clandestinos, cargamentos de droga y zonas bajo control del cártel.
EL DINERO COMO EJE DE LA ORGANIZACIÓN
La acusación sostiene que mantener el flujo constante de recursos era una prioridad estratégica para el CJNG.
Por ello, además del narcotráfico, la organización habría desarrollado mecanismos destinados a ocultar el origen ilícito de los recursos mediante operaciones financieras complejas.
Los fiscales afirman que los recursos obtenidos por la venta de drogas y por otras actividades criminales eran canalizados a través de distintos operadores para financiar la expansión del cártel.
APOYO MATERIAL A UNA ORGANIZACIÓN TERRORISTA EXTRANJERA
Uno de los elementos jurídicos más relevantes del caso es la incorporación de cargos relacionados con el apoyo material a una Organización Terrorista Extranjera.
La acusación recuerda que el 20 de febrero de 2025 el Departamento de Estado designó oficialmente al Cártel Jalisco Nueva Generación como Organización Terrorista Extranjera (Foreign Terrorist Organization) y como Terrorista Global Especialmente Designado (Specially Designated Global Terrorist).
A partir de esa designación, la Fiscalía sostiene que determinadas conductas atribuidas a algunos acusados no sólo constituyen delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero, sino también apoyo material a una organización terrorista.
En el caso de Julio César Montero Pinzón y Carlos Andrés Rivera Varela, el expediente les atribuye haber participado en actividades que fortalecían directamente la capacidad operativa del CJNG cuando éste ya contaba con dicha designación.
DOS CADENAS PERPETUAS
La acusación advierte que, de ser declarados culpables por los cargos relacionados con narcotráfico y armas de fuego, varios de los acusados podrían enfrentar hasta dos cadenas perpetuas consecutivas.
A ello podrían sumarse penas adicionales por los delitos de lavado de dinero, fraude financiero y apoyo material a una organización terrorista extranjera.
Para el Departamento de Justicia, este proceso representa uno de los casos más relevantes emprendidos contra la estructura de mando del CJNG, al reunir en un solo expediente acusaciones por narcotráfico internacional, terrorismo, lavado de dinero, fraude y uso de armamento de guerra.
🔹️LA OFENSIVA FINAL: EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA BUSCA DESMANTELAR TODA LA ESTRUCTURA DEL #CJNG, DESDE SUS LÍDERES HASTA SUS REDES FINANCIERAS
La acusación contra Julio César Montero Pinzón («El Tarjetas»), Carlos Andrés Rivera Varela («La Firma»), Griselda Margarita Arredondo Pinzón, Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán («El Sapo»), Ricardo Ruiz Velasco («RR» o «El Tripa») y Julio Alberto Castillo Rodríguez («El Chorro») forma parte de una estrategia mucho más amplia impulsada por el gobierno de Estados Unidos para desarticular completamente la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El documento judicial establece que el caso no es una investigación aislada, sino parte de un esfuerzo coordinado entre diversas agencias federales para perseguir simultáneamente a los dirigentes, operadores, sicarios, financiadores y facilitadores del CJNG.
🔹️UNA INVESTIGACIÓN MULTIAGENCIAL
La acusación señala que las investigaciones fueron desarrolladas por la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la DEA en Los Ángeles (DEA Bilateral Investigations Unit) y por Homeland Security Investigations (HSI) en lo relacionado con los delitos de narcotráfico y armas.
En paralelo, la investigación sobre el fraude internacional de tiempos compartidos fue encabezada por:
la Oficina del FBI en Nueva York;
el Threat Finance Task Force;
la División de Nueva York de la DEA;
la Oficina de Nueva York del IRS-Criminal Investigation (IRS-CI);
la Oficina de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
La acusación destaca que la coordinación entre estas instituciones permitió integrar evidencia financiera, comunicaciones, operaciones bancarias, movimientos internacionales de dinero y actividades de narcotráfico atribuidas a los acusados.
LOS FISCALES ESPECIALIZADOS
El caso quedó en manos de unidades especializadas del Departamento de Justicia.
Entre ellas destacan:
la Unidad de Narcóticos y Drogas Peligrosas (Narcotic and Dangerous Drug Unit, NDDU);
la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso de Activos (Money Laundering, Narcotics and Forfeiture Section, MNF);
la Unidad de Salud y Seguridad de la Sección de Fraudes (Health and Safety Unit of the Fraud Section);
la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Nueva York.
La participación conjunta de estas áreas refleja, según el propio Departamento de Justicia, que la investigación abarca delitos de narcotráfico, lavado de dinero, fraude financiero, terrorismo y decomiso de activos.
🔹️EL PAPEL DE LA SECCIÓN MNF
La acusación explica que la misión de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso (MNF) es eliminar las ganancias del crimen organizado y proteger el sistema financiero estadounidense.
Para ello, esa unidad concentra sus esfuerzos en:
procesar a los principales dirigentes de organizaciones internacionales de narcotráfico;
identificar a quienes lavan recursos provenientes del crimen organizado;
perseguir a facilitadores financieros;
recuperar bienes obtenidos mediante actividades ilícitas;
desmantelar las estructuras económicas que sostienen a los cárteles.
Dentro de esa estrategia, la Unidad de Narcóticos y Drogas Peligrosas (NDDU) tiene como responsabilidad investigar y procesar a los máximos niveles de mando de los cárteles internacionales.
EL GRUPO DE TRABAJO CONTRA ORGANIZACIONES CRIMINALES TRANSNACIONALES
La acusación señala además que el caso forma parte del trabajo del Grupo de Trabajo contra Organizaciones Criminales Transnacionales, cuya misión consiste en investigar y procesar a los principales líderes de cárteles mediante figuras penales que incluyen:
terrorismo;
extorsión;
lavado de dinero;
conspiración;
operación de empresas criminales continuas.
Según el documento, esta estrategia busca atacar simultáneamente las capacidades operativas, financieras y logísticas de las organizaciones criminales.
EL PAPEL DE LA DEA
El expediente destaca también la participación de la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la DEA, descrita como un grupo de élite integrado por agentes especiales experimentados encargados de conducir las investigaciones más sensibles y complejas contra narcotraficantes y organizaciones criminales transnacionales.
Su misión, señala la acusación, consiste en identificar y llevar ante la justicia a los principales responsables de organizaciones dedicadas al narcotráfico y a la violencia transnacional.
EL MARCO DE LA NUEVA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
El documento precisa que el proceso forma parte de la Homeland Security Task Force (HSTF), creada mediante la Orden Ejecutiva 14159.
De acuerdo con la acusación, esta iniciativa reúne a distintas agencias del gobierno estadounidense para combatir:
cárteles de la droga;
organizaciones criminales transnacionales;
pandillas extranjeras;
redes de tráfico y contrabando de personas.
La estrategia contempla el uso coordinado de herramientas penales, financieras, migratorias y de inteligencia para desarticular estas organizaciones.
🔹️UN CASO QUE REFLEJA EL NUEVO ENFOQUE DE ESTADOS UNIDOS
La acusación muestra un cambio significativo en la política criminal estadounidense.
Los fiscales ya no limitan las investigaciones a los delitos tradicionales de narcotráfico.
Ahora buscan demostrar cómo las organizaciones criminales funcionan mediante estructuras complejas que integran producción y tráfico internacional de drogas, lavado de dinero, fraude financiero, uso de armamento de guerra, corrupción y mecanismos de financiamiento destinados a fortalecer organizaciones catalogadas por Estados Unidos como terroristas.
En ese contexto, el expediente contra los presuntos dirigentes del CJNG constituye uno de los procesos judiciales más amplios emprendidos por el Departamento de Justicia contra la cúpula de esa organización.
La acusación sostiene que los imputados no sólo participaron en el tráfico de cocaína, metanfetamina, heroína y fentanilo hacia Estados Unidos, sino que también habrían dirigido un entramado criminal destinado a financiar, proteger y expandir las operaciones del CJNG mediante el uso de la violencia, el lavado de dinero y esquemas internacionales de fraude.
Más que una acusación por narcotráfico, el expediente presentado por el Departamento de Justicia representa una radiografía judicial de la estructura del CJNG. Según la Fiscalía estadounidense, la organización evolucionó de un cártel dedicado al tráfico de drogas a una empresa criminal transnacional con capacidad para combinar violencia armada, entrenamiento paramilitar, fraude financiero, lavado de dinero y apoyo material a una organización terrorista.
Con este proceso, estados unidos busca no sólo obtener condenas que podrían alcanzar múltiples cadenas perpetuas, sino desmantelar integralmente el aparato de mando, financiamiento y operación de uno de los grupos criminales más poderosos del continente.
