🔹️Una acusación sellada presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York señala a Nicolás Maduro Moros como líder de una estructura criminal que durante más de 25 años utilizó instituciones del Estado venezolano para traficar toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, con rutas de droga y lavado de dinero vinculadas directamente con México.

Por: María Martínez
Ciudad de México, a 4 de Enero, 2025

Tras la detención y extradición a los Estados Unidos del ex presidente Venezolano Nicolás Maduro, el pasado sábado 3 de enero, éste domingo se dio a conocer la acusación que el gobierno del presidente Donald Trump ha presentado en su contra

De acuerdo con el documento de la acusación sustitutiva S4 11 Cr. 205 (AKI), presentada por el Gobierno de Estados Unidos, a una corte federal de Nueva York. Se imputa al ex presidente venezolano Nicolás Maduro Moros y a su círculo más cercano por su presunta participación en una empresa criminal transnacional dedicada al narcotráfico.

Detención y traslado a Estados Unidos

El sábado 3 de enero, Nicolás Maduro fue detenido en Caracas por fuerzas militares de Estados Unidos y posteriormente trasladado por la Administración para el Control de Drogas (DEA) a una cárcel federal en Brooklyn, Nueva York, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales del Distrito Sur de Nueva York.

La detención marca un hecho sin precedentes en la relación entre ambos países y da paso a la judicialización directa de una de las acusaciones de narcotráfico más graves presentadas por el Departamento de Justicia contra un jefe de Estado en funciones.

Maduro, señalado como jefe de la red criminal.

La acusación sostiene que, durante más de dos décadas, los líderes de Venezuela abusaron de sus cargos públicos, corrompieron instituciones estatales y las utilizaron para importar toneladas de cocaína a territorio estadounidense.

Según el documento, Nicolás Maduro Moros encabezó esa estructura criminal, asociándose con cómplices para usar su autoridad obtenida de manera ilícita y las instituciones del Estado venezolano para transportar miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos.

El texto judicial afirma que Maduro “manchó todos los cargos públicos que ocupó”:
Como diputado de la Asamblea Nacional, habría participado en el traslado de cargamentos de cocaína bajo protección de fuerzas del orden venezolanas.

Como ministro de Relaciones Exteriores, presuntamente entregó pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes, facilitando su movilidad internacional.

En ese mismo cargo, brindó cobertura diplomática a aeronaves utilizadas por blanqueadores de dinero, las cuales repatriaban ganancias del narcotráfico desde México hacia Venezuela, estableciendo un vínculo directo entre operaciones criminales en territorio mexicano y la estructura estatal venezolana.
Ya como presidente y gobernante de facto, consolidó —según la acusación— este esquema desde el más alto nivel del poder.

México, eje en la ruta del dinero y la droga

La acusación judicial señala México como una pieza clave en el circuito financiero del narcotráfico, al señalar que las ganancias obtenidas por la venta de cocaína eran trasladadas desde México a Venezuela, utilizando aviones protegidos con cobertura diplomática.

Este señalamiento coloca a México como territorio central en la cadena logística y financiera descrita por los fiscales estadounidenses, funcionando como puente entre el tráfico de cocaína y el lavado de dinero internacional.

Otros acusados

Además de Nicolás Maduro Moros, la acusación incluye como demandados a:
Diosdado Cabello Rondón
Ramón Rodríguez Chacín
Cilia Adela Flores de Maduro
Nicolás Ernesto Maduro Guerra, alias “Nicolasito” o “The Prince”
Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”

Todos ellos son señalados como integrantes de la estructura criminal que, según el Gobierno Norteamericano, operó desde el aparato estatal venezolano para facilitar el narcotráfico, el lavado de dinero y la corrupción institucional transnacional.

La acusación presentada en el Distrito Sur de Nueva York, activada tras la detención de Maduro, representa uno de los procesos judiciales más contundentes emprendidos por Estados Unidos contra un líder extranjero, al imputarle el uso sistemático del poder público para sostener una empresa criminal internacional.

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