🇺🇸#EEUU ACUSAN A COMERCIANTE DE ARMAS POR APOYO AL #CJNG Y AL CÁRTEL DE #SINALOA
🔹️El imputado enfrenta cargos por terrorismo y tráfico de armas; podría recibir hasta 20 años de prisión
Por Redacción
Ciudad de México, a 25 De Marzo, 2026
El propietario de una armería en Estados Unidos fue acusado por autoridades federales de conspirar e intentar proporcionar apoyo material al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa (CDS), organizaciones criminales mexicanas clasificadas como terroristas extranjeras por el gobierno estadounidense desde 2025.
Se trata de Laurence Gray, de 65 años y residente de Hereford, Arizona, dueño del establecimiento Grips By Larry, quien fue imputado mediante una acusación formal modificada presentada el pasado 17 de marzo de 2026 por un gran jurado federal en Phoenix.
De acuerdo con el documento judicial, Gray enfrenta cargos por intento de brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera, así como por conspiración para proporcionar dicho apoyo a grupos designados. El acusado compareció recientemente ante un tribunal federal para la lectura de cargos.
Las autoridades sostienen que el imputado intentó, de manera consciente, suministrar armas de fuego al CJNG en mayo de 2025, además de conspirar ese mismo año para proveer armamento tanto a este grupo como al Cártel de Sinaloa.
Gray ya había sido acusado en 2025 por delitos relacionados con tráfico ilegal de armas junto a Barrett Weinberger, de 73 años, residente de Tucson. En ese proceso inicial, ambos enfrentaron cargos por tráfico de armas, compra mediante testaferros y falsedad en declaraciones durante la adquisición de armamento. La nueva acusación incorpora ahora elementos que lo vinculan con delitos de terrorismo.
Los cárteles CJNG y de Sinaloa fueron designados como organizaciones terroristas extranjeras el 20 de febrero de 2025 por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en el marco de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
En caso de ser declarado culpable, Gray podría enfrentar hasta 20 años de prisión por conspiración para brindar apoyo a organizaciones terroristas, además de multas que alcanzarían los 250 mil dólares.
Los delitos adicionales por tráfico de armas y fraude en la compra de armamento contemplan penas de hasta 15 años de prisión, mientras que la falsedad en declaraciones podría sumar hasta 10 años más.
El caso forma parte de la operación federal denominada Recuperar Estados Unidos, una estrategia del Departamento de Justicia orientada a combatir a los cárteles y organizaciones criminales transnacionales, así como a reducir delitos violentos en territorio estadounidense.
La investigación fue realizada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), mientras que el fiscal federal adjunto Marcus Shand, del Distrito de Arizona, está a cargo del proceso judicial.
