🇲🇽#SHEINBAUM PROPONDRÁ REFORMA PARA #IMPEDIR CANDIDATURAS LIGADAS AL #CRIMEN ORGANIZADO
🔹️La iniciativa plantea crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dentro del #INE para revisar perfiles de aspirantes mediante consultas a instancias de inteligencia y seguridad.
Por: Redacción
Ciudad de México, a 21 de Mayo, 2026
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que enviará al Congreso de la Unión una propuesta de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para impedir que personas con posibles vínculos con la delincuencia organizada puedan convertirse en candidatos de partidos políticos.
La iniciativa contempla la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dependiente del Instituto Nacional Electoral, la cual tendría como función revisar perfiles de aspirantes mediante consultas con instituciones de inteligencia, seguridad y procuración de justicia.
“Tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que tuviera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada”, afirmó Sheinbaum durante la conferencia matutina.
La mandataria explicó que la reforma busca entrar en vigor antes del proceso electoral de 2027 y aseguró que el mecanismo respetará el principio de presunción de inocencia establecido en la Constitución.
De acuerdo con la propuesta, los partidos políticos participarían de manera voluntaria entregando a la Comisión la lista de sus aspirantes a candidaturas. Posteriormente, el organismo consultaría información con la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República.
Las dependencias analizarían cada perfil y emitirían una valoración para determinar si “no existe riesgo” o si “existe riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia organizada.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que la nueva Comisión estaría integrada por cinco consejeros electorales elegidos por el Consejo General del INE para periodos de tres años.
Detalló que, con base en la información obtenida, los partidos políticos serían responsables de decidir si mantienen o no el registro de una candidatura.
No obstante, aclaró que si las autoridades detectan información relevante relacionada con posibles actividades ilícitas, las investigaciones continuarían conforme a las atribuciones legales de cada institución.
La iniciativa también establece que las personas aspirantes deberán otorgar su consentimiento para ser evaluadas por esta Comisión como requisito obligatorio para competir por una candidatura.
Además, el procedimiento se desarrollaría bajo estrictas condiciones de confidencialidad y la información recabada tendría carácter reservado para evitar afectaciones al debido proceso.
